En la Contraloría General del Estado por años operó un manejo corrupto en torno a las glosas que se emitieron a través de las auditorías. Tras los once meses de gestión del contralor Mauricio Torres se detectó que el perjuicio al Estado asciende a $ 4.000 millones por estos hechos. Las investigaciones internas determinaron que al menos 26 funcionarios de esta entidad colaboraron para eliminar las glosas mediante la caducidad.