El proceso era fácil y requería solo de la cédula de identidad, eso fue lo que motivó a Samira Molina a tener una línea convencial hace 20 años. Ella aceptó esa línea y firmó el contrato en un sector al norte de Guayaquil.

La usaba poco porque no tenía muchos conocidos con otras líneas teléfonicas. Pagaba $ 10 o $ 20 de consumo. Hasta que un día varios técnicos visitaron su barrio y estaban retirando los cables. “Me dijeron que perdía mi línea y que si quería otra me acercara a las oficinas a comprar”, cuenta la ciudadana.

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Molina acudió a las oficinas de Pacifictel, que ahora es Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) tras la fusión entre Andinatel y Pacifictel. Uno de los trabajadores le indicó que la línea convencional ya no le pertenecía y que no tenía deudas, pero podía solicitar otra. Entonces, ella decidió no hacerlo y se retiró.

Ya en enero de 2023, Samira recibe un mensaje -vía WhatsApp- por parte del Departamento de Cobranza de CNT, el cual decía que tiene un juicio de coactiva y que se acerque a las oficinas de Kennedy Norte. La ciudadana fue a la dirección y un grupo de abogados le explicó una deuda de una línea convencial por $ 613,77.

“El 24 de enero de 2023 me enteré de esa deuda, de una orden de embargo, prohibición de salida del país. Y les dije que nadie se comunicó conmigo”, cuenta Molina, que después tuvo que movilizarse a otras oficinas en el centro de la ciudad para tener una copia del contrato.

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“Cuando fui y pedí información les pregunté ¿cuándo notificaron? y les dije que era el primer mensaje que recibía. Me dijeron que antes había otros abogados y que ellos no tenían el seguimiento. Y de ahí me mandaron a averiguar en CNT lo del contrato”, relata y agrega que no acudió porque debía cuidar a su hija recién nacida.

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Ya en mayo entró a su cuenta bancaria para cancelar el servicio de internet y no pudo. Ya no tenía ni un centavo. “Reviso los movimientos y me salió retención por un caso judicial por $ 482,14″, señala y explica que acudió a los canales digitales de servicio al cliente de CNT y la deuda ya había subido a $ 648,22.

El restante luego fue debitado de su cuenta. “El banco me confirmó que el dinero no estaba en mi cuenta y CNT tampoco lo tenía”, indica Molina y presume que mantienen su dinero “en el limbo” para seguir generando intereses: “A ellos les conviene que la deuda no quede saldada”, enfatiza.

Georgina Rodríguez, analista jurídico de la Jefatura de Posventa de Clientes Masivos Guayas en CNT, afirma que Samira Molina fue cliente de Pacifictel y que su línea fue anulada por falta de pago.

Según Rodríguez, la usuaria debía facturas desde noviembre de 2003 hasta febrero de 2004. En noviembre había una deuda de $ 56,24, en diciembre de $ 49,83, en enero de $ 57,77 y en febrero de $ 31,27, dando un total de $ 195,11. Después de esto se dio de baja la línea convencional. La hoy antigua abonada asegura que el personal de ese entonces le dijo que no tenía deuda y que la línea ya no le pertenecía.

La usuaria está sorprendida que 20 años después le hagan ese cobro sin recibir notificaciones. Rodríguez menciona que el incumplimiento generó el juicio de coactiva hasta la actualidad. “Ese valor causó que se inicie ese proceso donde los rubros generan intereses de mora hasta la fecha en que se cumpla con la obligación, así también honorarios profesionales de los abogados externos que impulsan este tipo de procedimientos y el IVA que se cobra por los servicios. Una vez que la línea se anula existe una fase extrajudicial de cobro, significa que Pacifictel lo que hacía es dar estas gestiones de cobro a abogados externos y como lo hace la actual CNT. En 2020 se inicia la orden de cobro a la señora Molina y hay diferentes medios de notificación por la prensa, página web”, comenta la también abogada.

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Y resalta tener en consideración que cuando pasó de Pacifictel a CNT hubo muchos cambios. “Es una cartera vencida que a la actualidad se sigue exigiendo por parte de la actual administración y son procedimientos que están vigentes y se encuentran siendo tramitados”, dice Rodríguez.

EL UNIVERSO tuvo acceso al contrato que firmó Samira Molina y se observa que el segundo apellido de la ciudadana no es el correcto. En el escrito también aparece que entre las cláusulas contractuales de ese entonces, Pacifictel mencionaba que en caso de mora de tres planillas consecutivas la empresa procederá al retiro del servicio y de otros equipos. Que en caso de que la compañía cambie su razón social, el abonado acepta mantener las cláusulas contractuales. Y que el plazo de duración del contrato es indefinido.

Rodríguez asegura que en la base de datos de CNT aún no reposan los descuentos a la cuenta bancaria de Molina para el cobro de la deuda. “Lo que ella ha tenido dentro de su cuenta bancaria es una retención que (genera) un bloqueo, realizado por la entidad bancaria, mas, no son valores que se encuentran acreditados a CNT”, señala Rodríguez.

Molina está resignada que ese dinero no se lo van a devolver, pero quiere estar segura de que los intereses no aumenten porque el banco le dice que ese dinero lo tiene CNT y CNT lo contrario.

Rodríguez afirma que este no es el único caso de cobro de deudas desde que funcionaba Pacifictel y que lo recomendable es que, una vez que es cancelada, solicitar un certificado a CNT.

Y el pasado 9 de junio, Molina acudió a CNT y le indicaron que esta institución dio la orden para que el banco retenga $ 601,22 y debía realizar la solicitud de embargo de valores. La hizo y quien la atendió le explicó que debe esperar un mes y medio para que se cobre, después tres días hábiles para que CNT se contacte con Molina y cancele el restante de $ 47. Cuando ocurra esto, deben pasar ocho días para que se levante la medida cautelar.

Molina se siente impotente, puesto que en más de dos meses, asegura que seguirán incrementando los intereses.

No es la primera vez que ocurren estos casos sobre deudas. Este Diario, por ejemplo, reportó en abril pasado la queja de ciudadanos que aseguraron nunca haber adquirido una deuda con CNT. (I)