Superintendencia presentó denuncia por presunta quiebra fraudulenta de cooperativa de ahorros

Ambato

La mañana de este martes, 17 de diciembre, funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) estuvieron en la Fiscalía de Tungurahua para poner la denuncia por presunta quiebra fraudulenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, en proceso de liquidación.

Freddy Monge, intendente general técnico de la Superintendencia, indicó que llegaron a la Fiscalía de la provincia de Tungurahua como parte del proceso de liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, debido a que incurrió en algunas causales.

Como parte de la denuncia se entregó un expediente completo de la entidad financiera con el fin de que se esclarezcan las responsabilidades penales, para evitar que posibles irregularidades queden en la impunidad, añadió.

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Luego de la entrega del expediente se espera que la Fiscalía realice las investigaciones que correspondan a fin de sancionar a los responsables en este proceso, porque existen posiblemente inacciones, mala gestión e incluso mala fe respecto al manejo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, refirió.

“En los informes técnicos y de auditoría que se entregan este día, se evidencian algunas irregularidades que se han cometido en años anteriores. Esta nueva Superintendencia, posesionada hace menos de tres meses, ha tomado acciones y decisiones responsables a fin de que esto no quede en la impunidad”, aseveró Monge.

Existen indicios de que desde el año pasado varios indicadores financieros relacionados con la liquidez y la solvencia de la cooperativa comenzaron a deteriorarse, pero no se actuó en su momento por parte de las autoridades de control, y obviamente también una mala gestión del gerente que estuvo a cargo de la entidad hasta el 2023, por aproximadamente 25 años, en donde hubo posiblemente malos manejos.

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También los consejos de Administración y de Vigilancia de la cooperativa tienen responsabilidad, porque las decisiones se toman con el consentimiento de sus miembros, son los órganos encargados de hacer el control y supervisión dentro de la entidad financiera, aseveró.

Monge consideró que los anteriores funcionarios de la SEPS pudieron haber tomado acciones y decisiones hace tiempo, porque desde el 2023 los indicadores de solvencia y liquidez de la cooperativa se ven resquebrajados. “Lamentablemente no se tomaron acciones en forma oportuna”, dijo.

Es un tema procesal en el que las investigaciones se llevarán dentro de la Fiscalía con el fin de determinar a los responsables, existe documentación agregada al expediente, en la que por quiebra fraudulenta se estipula una pena de 3 a 5 años según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), comentó Felipe Navas, director nacional de Procuraduría de la SEPS. (I)