Así está la situación jurídica del alcalde de Quito, Jorge Yunda, después de la aceptación parcial a la acción de protección en contra de la Comisión de Mesa

La mañana de este lunes 28 de junio la jueza María Belén Domínguez aceptó parcialmente la acción de protección interpuesta por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en contra de la Comisión de Mesa que conoció sus dos pedidos de remoción.Esto quiere decir que se habría cumplido con la vulneración de los derechos de Jorge Yunda por parte de los denunciados, sin embargo, no tiene injerencia sobre la remoción decidida por el Concejo y que se encuentra en análisis por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).Los denunciados que integraron la Comisión de Mesa son: el vicealcalde Santiago Guarderas, las concejalas Mónica Sandoval, Analía Ledesma y el concejal Fernando Morales. “Este es un paso importante para la democracia de la ciudad y el país”, dijo el alcalde de Quito esta mañana al acudir a una inauguración de obras. Mencionó también que por el principio de imparcialidad no puede votar y presidir la misma persona que se beneficia de su cargo (refiriéndose al vicealcalde de la ciudad).Según el dictamen de la jueza, se vulneró al derecho a la defensa de Jorge Yunda al no existir imparcialidad. Esto, respondiendo a que los integrantes de la Comisión de Mesa emitieron un informe y ellos mismos votaron sobre ese informe, además, formaron parte de los 14 votos para la remoción del alcalde, el pasado 3 de junio. Sin embargo, la situación jurídica del alcalde continúa como removido del cargo porque la acción de protección no impugnaba la decisión tomada por los concejales de remover al alcalde de su cargo. Esa resolución no fue atacada sino el informe previo de la Comisión de Mesa y a los integrantes de dicha comisión.Esta condición del alcalde se mantendrá hasta que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) responda el pedido de consulta sobre la legalidad de lo actuado en el proceso. La fecha en la que se cumplen los diez días que tiene el organismo para ratificar o anular la remoción es el próximo viernes 2 de julio.Para el constitucionalista Ismael Quintana la decisión de la jueza “es absurda desde el punto de vista jurídico, porque la propia Procuraduría General del Estado (PGE) ha dicho que las posibilidades de excusa y recusación a los integrantes de la Comisión de Mesa por falta de imparcialidad o en los procesos de remoción no es aplicable jurídicamente”.El artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) dice: “La remoción se resolverá con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, para el cálculo, de manera obligatoria se considerará como parte integrante a los ejecutivos de cada Gobierno Autónomo Descentralizado de conformidad con la ley, salvo el caso de que el ejecutivo sea el denunciado. La autoridad legislativa que sea objeto de la acusación no podrá votar.” Por su parte, la Procuraduría General del Estado informó que la Comisión de Mesa siempre será llevada por concejales y que será siempre un proceso de fiscalización, porque así lo establece la normativa en el país. Por ello, consideró que la presente acción de protección no procede y también apelaron a lo decidido por la juezaEse dictamen de PGE es vinculante para toda la administración pública, lo que le incluye a la propia jueza, explicó Quintana. “A mí me parece que la jueza comete un delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente”, añadió.Los abogados representantes de los concejales apelaron la decisión de la jueza, pero también lo hizo uno de los abogados del alcalde. Esta acción de protección al ser aceptada parcialmente pasará a una corte provincial de justicia y es ahí en donde deberán sustentar las diferentes objeciones y la acción podrá ser ratificada o desechada. El concejal y miembro de la Comisión de Mesa Fernando Morales dijo que la jueza nunca expresó cuál va a ser la reparación integral al supuesto derecho vulnerado, por lo que existirían “vicios de nulidad en el caso”. También mencionó que continuarán con las acciones judiciales para respaldar la apelación a lo decidido.Ahora la jueza deberá enviar a la corte provincial el expediente y los abogados que apelaron deberán sustentar con pruebas sus alegatos.Mientras tanto, la continuidad o remoción del alcalde aún sigue a la espera del Tribunal Contencioso Electoral, este viernes se prevé que el organismo emita un dictamen para ratificarla o anularla. Sobre este análisis que está en manos del TCE, el alcalde Jorge Yunda pidió que se respete el debido proceso y “no se generen precedentes nefastos para la democracia del país, qué va a pasar mañana cuando alguien no ponga en el orden del día algo, se juntan dos, tres concejales y el vicealcalde listo para asumir y entrar por la ventana, eso sería nefasto”, añadió. (I)

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