Tulcán
María Ch., nombre protegido para evitar retaliaciones de prestamistas al margen de la ley que operan en Tulcán, es una de las decenas de víctimas de estas organizaciones que ofrecen aparentes créditos desde $ 100 en adelante a cambio del pago diario de altos intereses.
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La comerciante de uno de los mercados de esta ciudad fronteriza cuenta que debido a la difícil situación económica, y al no haber logrado acceder a un crédito en las entidades financieras formales, fue atrapada por una de estas organizaciones que le prestaron $ 300 para mejorar su giro de negocio.
“Al principio parecía que era fácil pagar el capital y los intereses todos los días, pero fue pasando el tiempo y, tras caer las ventas, la deuda fue creciendo, dificultando el pago oportuno, incluso solo el interés. Varios días no pude pagar y comenzó allí mi calvario, porque comencé a recibir amenazas de los cobradores”, relata asustada.
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La deuda se ha triplicado y pagarla se ha vuelto difícil, confiesa María, quien no sabe cómo evitar las humillaciones e intimidaciones que sufre a diario, más aún cuando han identificado su vivienda, a donde llegan diariamente los recaudadores para acosarla con severas advertencias frente a sus pequeños hijos.
Ante esta realidad que se convirtió en uno de los problemas sociales con mayor incidencia en Carchi, las autoridades han comenzado una serie de operativos para descubrir a estas bandas que estarían integradas por ecuatorianos, venezolanos y colombianos.
En visita realizada el jueves de la semana anterior al mercado San Miguel, uno de los cuatro centros locales que han sido tomados por estos prestadores de dinero al margen de la ley, las perjudicadas con temor brindaron testimonios que confirmaron este fenómeno que es un secreto a voces en Tulcán.
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Lucía Pozo, gobernadora de Carchi, en compañía de policías, militares y agentes municipales, llegó al lugar y recopiló información que indica que sería una red que cuenta con 100 motociclistas encargados de realizar las fraudulentas transacciones en mercados, terminal terrestre, pequeños locales de alimentos y almacenes.
La representante del Ejecutivo comentó que la gente no ha querido denunciar sobre este tipo de extorsiones por temor a posibles represalias; sin embargo, dispuso una investigación para desarticular a estas organizaciones.
Las primeras informaciones oficiales señalan que estos grupos de prestamistas informales son conocidos como ‘gota a gota’ y actúan en toda la ciudad. Sus operadores llegan en motocicletas hasta los pequeños negocios, donde ofrecen dinero en efectivo, no recaban mayor información y anotan a sus víctimas en una libreta.
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Los comerciantes insisten con cierto miedo que deben acudir a este tipo de ‘créditos’ debido a las negativas en cooperativas y bancos. Los cobradores empiezan con la recaudación del dinero entre las 09:00 y las 14:00, señala Pozo, quien dispuso personal policial permanente en los mercados para aprehender en delito flagrante a los ‘gota a gota’.
“Hemos logrado una valiosa información y tomamos las primeras medidas, que esperamos que detengan este tipo de delitos”, agrega la gobernadora de Carchi, quien enfatiza que van a desarmar esta red para debilitar esta economía ilegal que roba la tranquilidad de la gente humilde.
Jacinto Almeida, intendente de la Policía, sostiene que estas bandas de prestamistas estarían integradas por ecuatorianos, colombianos y venezolanos, algunos incluso oriundos de Tulcán. Denunciantes que han sido perjudicados sostienen que estarían lideradas por expolicías, algo que no ha sido confirmado.
Almeida, abogado de profesión y coronel en servicio pasivo de la Policía Nacional, refiere que es un acto ilegítimo, pues estas personas que realizan estos empréstitos no son parte del sistema financiero del país ni están autorizadas para captar dinero.
“Es uno de los problemas más fuertes que golpean a Tulcán y a Carchi, e incide en la inseguridad, ya que estas actividades rayan en un sinnúmero de delitos como asociación ilícita, lavado de activos, captación de dinero, usura, entre otros”, añadió Almeida.
Expertos locales en finanzas coincidieron en que estos dineros ingresan ilegalmente y son distribuidos en forma de préstamos ilegales a la población, sin descartar que estén “blanqueando” ese dinero.
Almeida señaló que es importante determinar de dónde provienen esos recursos y mostró su preocupación porque sospecha que los responsables de este aparente negocio podrían tener vínculos al narcotráfico, microtráfico, trata de personas y lavado de activos.
Una de las buenas noticias que recibieron el jueves los comerciantes es que podrán acceder al programa Mujer Rural, que lleva adelante BanEcuador, que les permitirá liberarse de estos grupos que les quitan el sueño e ingresar al sistema financiero formal para acceder a prestamos de $ 5.000 y $ 10.000 sin garante, con bajos intereses y a largo plazo. (I)
