Concejales de Quito presentan ante la Fiscalía pedido de acto urgente para que se investigue el sorteo de acción constitucional presentada por Jorge Yunda

“La actuación del Concejo Metropolitano ahora va a ser totalmente activa. No vamos a permitir que se burlen de los quiteños. Estamos cansados de todas las argucias, de las artimañas que ha utilizado un grupo de personas que obviamente no le quieren a Quito y nos tienen en esta situación postrada”.Así se expresó la mañana de este viernes el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien encabezó una comitiva de la que eran parte concejales de Quito, para presentar en la Fiscalía de Pichincha un pedido de acto urgente para que se investigue a todos quienes participaron en las irregularidades que habrían existido al momento del sorteo de la acción constitucional presentada por Jorge Yunda el 7 de julio pasado con el fin de evitar que se confirme su cesación como alcalde de Quito.Édison Carrillo, abogado de los trece concejales que presentaron el acto urgente en la Fiscalía, explicó que judicialmente hablando lo que se presume existió en este caso es una posible interceptación ilegal de datos que pudo derivar en el sistema informático a que se hayan sorteado direccionadas las acciones constitucionales que ha presentado Jorge Yunda.El pedido de acto urgente se suma a la denuncia presentada ante la Fiscalía por el Consejo de la Judicatura (CJ), que anunció la mañana del jueves último la presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado , para que se investigue una interceptación ilegal de datos, así como otros posibles delitos.“Aquí no se trata de un posible defecto del sistema, de lo que se trata aquí son ciertas acciones de carácter inusual, presumiblemente irregular de los servidores para jugar con ciertas partes del sistema”, indicó Maldonado.El jueves último, Maldonado también informó que el pleno del CJ inició procesos disciplinarios de tipo administrativo y como presidenta del organismo ella suspendió provisionalmente a cuatro funcionarios judiciales y dos jueces que conocieron las acciones constitucionales presentadas por Yunda para evitar que se confirme la cesación como alcalde de Quito y en las que se ha detectado existirían irregularidades en el proceso de sorteo de los dos recursos.Dentro del ámbito administrativo, indicó Maldonado, desde el jueves último se procedió al inicio de procesos administrativos disciplinarios y la suspensión provisional sin remuneración y por 90 días de los jueces Belén Domínguez y Carlos Soto; además del ayudante judicial y la secretaria de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer del Complejo Sur, en Quitumbe, en el sur de la capital, y la oficinista auxiliar y el secretario de la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Veintimilla, en el norte de Quito.Según Carrillo, pese a los anuncios hechos desde el Consejo de la Judicatura y su presidenta les ha causado sorpresa que el juez Carlos Soto, estando supuestamente suspendido, haya notificado una providencia la mañana de este viernes dentro del proceso por medidas cautelares de Yunda.“Él (juez Carlos Soto) ya no estaría en la capacidad de suscribir ninguna providencia. (...) Esperamos que en esto se actúe con la misma celeridad que se actuó en el CJ al referirse sobre las medidas cautelares y en menos de tres horas también se concedan estos actos urgentes que van a determinar si existió o no existió el cometimiento de un delito”, mencionó.Guarderas también criticó que pese al anuncio de la presidenta del CJ, quien dijo ayer públicamente que estaban suspendidos los dos jueces que concierne acciones del caso Yunda, el juez Carlos Soto a las 08:00 de este viernes emitió una providencia en la cual tomando conocimiento del pedido de nulidad que los concejales y el vicealcalde plantearon, corre traslado de su actuación a la contraparte por 48 horas. El vicealcalde señaló que en las próximas horas dialogará con Maldonado y tocará el tema de la suspensión de los jueces y funcionarios judiciales.Según el abogado Carrillo, esa acción lo único que busca es que el vicealcalde Guarderas no se posesione como alcalde de Quito. “Eso causa preocupación, porque sigue interfiriendo en el tema legal que ya está resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral”.Por su parte, el concejal Fernando Morales señaló que el sentido del acto urgente es que se transparente lo que ha ocurrido en este sorteo y por ello se solicitó la versión de los funcionarios judiciales, los videos del 7 de julio de la Unidad Judicial, quienes entregaron el expediente físico y la pericia al sistema informático al sistema de la Función Judicial.Anunció que se ha solicitado también un peritaje informático al computador del juez Carlos Soto, porque es extraño que justo en estas dos causas aparentemente se están direccionando los sorteos para luego tener un beneficio en el resultado. (I)

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