Proveedores del Estado se dieron cita este miércoles en la Plataforma Financiera, en Quito, para exigir una vez más sus pagos atrasados al Ministerio de Finanzas. Sin embargo, esta vez también hicieron una denuncia preocupante. Varios proveedores, desesperados por un pago, han recibido llamadas telefónicas de gente del ministerio que habría ofrecido sus servicios para “gestionar los pagos” con agilidad a cambio de una comisión.
Así lo comentó Marco Legízamo, presidente de la Asociación de Proveedores Impagos del Estado, quien aseguró que representa a al menos 120 empresas a las que se les debe alrededor de $ 10 millones, que se vienen arrastrando desde septiembre y octubre del año pasado.
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Este viernes, a las 15:00, un grupo será recibido por asambleístas. Ellos van a pedir a los legisladores que pidan la comparecencia del ministro Juan Carlos Vega Malo para que explique cuál es la política de pagos. Asegura que existe poca claridad y no se sabe por qué ciertas personas con planillas de diciembre están siendo pagadas, cuando otros que tienen planillas más antiguas siguen impagos. Para Legízamo, lo más importante es que haya transparencia y que, con pocos o muchos recursos, el Estado pague equitativamente a todos y no sean los sacrificados solo los proveedores.
Al ser consultado si sabe si a quienes les han llamado han aceptado pagar la comisión, dijo que varios se han negado, pero no puede asegurar que haya algunos que han aceptado, pero que no digan.
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Entre tanto, representantes de empresas de seguridad, salud, tecnología se dieron cita en la Plataforma Financiera con carteles y lograron ser atendidos por dos funcionarios: Belén Landázuri y Fabián Vallejo, quienes no les lograron explicar la política de pagos y les dijeron que habrá una nueva reunión el próximo miércoles.
Entre los proveedores que asistieron estaba Mireya Guerra, parte de las empresas de seguridad. Ella lamentó que no se les haya cancelado sus haberes y se mostró desmotivada por haber confiado en el Estado. Además aseguró que, como empresas, ellos se ven contra la espada y la pared, pues sí tienen obligaciones de pagar al SRI y el IESS, pero que el Estado, en cambio, no les paga y no sucede nada.
Paola Guevara, representante de proveedores de temas farmacéuticos, así como Martín Salvatierra, de seguridad, se quejaron de la falta de pago y de tener que cumplir, aun sin tener efectivo, con las obligaciones del SRI y del IESS