El proceso de firma del contrato de seguros para Petroecuador continúa adelante, pese una suerte de guerra jurídica y de medidas cautelares. Es que dos jueces, de distintas localidades, emitieron medidas cautelares diametralmente opuestas sobre este tema y ahora uno acusa al otro de incumplir la ley.
En todo caso, Petroecuador confirmó el miércoles 30 de agosto que se adjudicó a la empresa Seguros La Unión el contrato por $ 99,1 millones por el cual se aseguran los bienes de la empresa pública de hidrocarburos sobre todo Riesgo Petrolero y Responsabilidad Civil Marítima y no Marítima.
Además, en los siguientes días se continuará con el proceso de firma de contratos, es decir, las pólizas que se emitirán entre este jueves y viernes. Estas se firmarán, luego de la revisión de la jefatura de seguros. Así lo informó Petroecuador cuando se le consultó cuál era la situación actual de la contratación de los seguros.
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Petroecuador indicó que lo que ha hecho es cumplir la normativa legal vigente y que ha respetado el cronograma definido desde el 31 de julio pasado. Esto ,“a pesar de todas las polémicas y el contexto”.
Es que en días previos al anuncio de adjudicación hubo una serie de polémicas y críticas en torno a este contrato.
El 28 de agosto, Noris Patricia Gómez Alvarado pidió una acción de protección con medida cautelar en contra del gerente de Petroecuador, Ramón Correa, para que se declare desierta la licitación de seguros. Se argumentaba por parte de Gómez que Petroecuador no había cumplido las condiciones necesarias de valoración de los bienes por asegurar, pues la Contraloría había dispuesto al subgerente de Finanzas y jefe de Seguros que, para los procesos de contratación de la póliza de Todo Riesgo Petrolero, se cuente con el respaldo técnico del valor asegurable de todos los bienes a ser cubiertos; así como del valor determinado para los sublímites y deducibles. El pedido fue aceptado por Jhon Rodríguez Mindiola, juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón San Jacinto de Yaguachi, provincia del Guayas.
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Este juez es investigado por la Fiscalía por el delito de prevaricato por el caso de devolución de derechos ciudadanos al exvicepresidente Jorge Glas. Pero además fue destituido por el Tribunal Contencioso Electoral el 25 de agosto pasado. Sin embargo, apeló la decisión y esto le permitió continuar ejerciendo funciones. De tal manera que el 28 de agosto decidió dar paso a esa medida cautelar, para impedir que se continúe con el concurso de seguros en Petroecuador.
Entre tanto, el 29 de agosto, Eleuterio Aguilar Heredia, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Balsas, en la provincia de El Oro, emitió una medida cautelar en la que más bien se ordena al gerente de Petroecuador continuar la adjudicación, pues de lo contrario la empresa podría quedar sin cobertura. Esto, atendiendo el pedido de Doris del Carmen Castillo. La demandante pedía a Petroecuador que “se abstenga de seguir en retardos e incidentes en la licitación LICSG EPP 003 2023 para la contratación de seguros de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil marítima y no marítima de Petroecuador”.
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De esta manera el juez ordenó la inmediata ejecución de la adjudicación del referido proceso, conforme al informe del 24 de agosto de la Comisión Técnica. Advertía que “de no hacerse se configuraría una violación a los derechos constitucionales al debido proceso, seguridad jurídica, derecho al trabajo y propiedad”. La demandante indicaba que el informe de la Comisión Técnica estaba listo desde el 24 de agosto del 2023, “y es inentendible cómo desde esa fecha hasta la presente no se haya realizado la adjudicación del contrato (especialmente ante un inminente vencimiento), poniendo en juego los bienes públicos ante eventuales riesgos que puedan darse de no mantener sus seguros vigentes”.
Tras este tema, ahora desde la misma Unidad Multicompetente se exhorta al juez Aguilar Heredia a que revoque las medidas cautelares que dictó el 29 de agosto. Según el último escrito, de este 31 de agosto, estas medidas generan un caos en el sistema de administración de justicia, “al contener una disposición contraria a lo dispuesto por usía con anterioridad a la presentación de esa medida cautelar”. (I)
