Secretaría Jurídica de la Presidencia dispone a ministro René Ortiz consultar a Contraloría y Procuraduría por tarifa de OCP

La secretaria general Jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez, instruyó al ministro de Energía, René Ortiz, para que solicite un examen especial a la Contraloría y un control de la legalidad correspondiente a la Procuraduría, para el caso de la fijación de la tarifa de transporte de crudo por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). La disposición la emitió Pesántez el pasado 17 de marzo, en medio de una polémica generada por la fijación de la tarifa y una propuesta de pago “en especie” o crudo, que están acordando Petroecuador como contratante de los servicios de la petrolera privada, y la misma OCP. La propuesta es cubrir con crudo una deuda que llegaría a los $ 41 millones. Pesántez contestó de esta manera a una explicación que había dado el ministro Ortiz, hace pocos meses, sobre los conflictos jurídicos que se generaron en torno al monto de la tarifa.El ministro ha insistido en que no existe contradicción en valor de la tarifa y que esta debe ser de $ 2. En su explicación a Pesántez, Ortiz había mencionado que “el sesgo antiempresa privada” fue lo que llevó a ciertos funcionarios del ministerio y luego de Petroecuador, a plantear la tarifa menor. Es que en septiembre del 2020 se conoció la discrepancia que existía entre OCP y Petroecuador por la tarifa. Según OCP, el contrato firmado en 2018 establece que el precio sea la tarifa menor cobrada a cualquier cliente o $ 2, lo que sea más bajo. Sin embargo, Petroecuador había sostenido que en 2017 OCP cobró a un cliente $ 1,40 y por ello debía pagarle esa cantidad. OCP ha dicho que el contrato está vigente desde 2018, por lo que no cabría tomar en cuenta cobros anteriores.En este sentido, la Secretaría dijo que con base en posibles contingencias asociadas, tomando en consideración que el transporte de hidrocarburos constituye un sector estratégico, de trascendencia…, le corresponde al ministro como rector de la prestación del servicio público velar para que las condiciones regulatorias y contractuales se encuadren en el ordenamiento jurídico. En este sentido le pide se sirva solicitar el examen especial a la Contraloría y el control de la legalidad al procurador del Estado.Entre tanto, Andrés Mendizábal, presidente ejecutivo de OCP, aseguró que “el pago en especie no genera una ganancia ni un beneficio de algún tipo para la compañía”. Dijo que es “ simplemente una alternativa de pago que ahora cuenta EP Petroecuador ante la deuda que se ha acumulado y que pone en riesgo la sostenibilidad de la operación del oleoducto”. Esta alternativa de pago en especie permitiría a EP Petroecuador poder cumplir con sus obligaciones contractuales, lo que durante los últimos meses se le ha dificultado, sostiene.Sobre la tarifa, Mendizábal dijo que esta “no ha cambiado y sigue siendo la establecida en el contrato de transporte de 2018, en cumplimiento a lo previsto en el contrato para la construcción y operación del OCP de 2001” . El cálculo estaría realizándose entonces sobre una tarifa de $ 2. Entre tanto, dijo que el precio del crudo que se utilizará para el cálculo del pago en especie será el precio de mercado internacional, calculado preliminarmente al precio promedio ponderado de exportaciones de EP Petroecuador del mes anterior al embarque, y una vez que ya se conocen los precios del mes del embarque, se liquida definitivamente a ese precio. La Contraloría recordó que el 5 de agosto de 2020 se emitió la orden de trabajo para realizar el examen especial al contrato de prestación del servicio público de transporte de petróleo crudo, suscrito con OCP Ecuador S. A. el 9 de noviembre de 2018. La auditoría tiene como objetivos verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, de las cláusulas contractuales y comprobar la legalidad, propiedad y veracidad de los pagos efectuados. La entidad informó que el examen aún está en proceso y no hay fecha aún de un resultado. Finalmente, sobre la participación de la Procuraduría, Ortiz se había mostrado contrario, indicando que no debería intervenir. Sin embargo, consideraba que seguramente la Procuraduría le daría la razón. (I)

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