La proforma de Educación y Salud se incrementa en 2023, pero meta sobre el PIB sigue sin ser alcanzada

El Ministerio de Economía y Finanzas asignó $ 4.008 millones para el Ministerio de Educación y $ 3.570 millones para el de Salud en la proforma 2023, que debe ser tratada en la Asamblea Nacional en estos días. Las cifras, en ambos casos, son mayores en comparación al presupuesto inicial del 2022 y también al codificado (realmente ejecutado) del 2022.Así, en el caso del Ministerio de Educación, los $ 4.008 millones asignados para 2023 representan $ 598 millones más, es decir, 17,5 % más que el presupuesto inicial del 2022 ($ 3.410 millones) y unos $ 620 millones, 18,2 % más que el codificado de 2022 ($ 3.388 millones). En cuanto a Salud, lo asignado en 2023 que es $ 3.570 millones, es decir se incrementan $ 448 millones, un 13,9 % más que el inicial de 2022 ($ 3.132 millones) y $ 427 millones, 13,5 % más que el codificado también de 2022 ($ 3.143 millones). En todo caso, el Ministerio de Economía y Finanzas considera que se está cumpliendo con la Constitución que manda a que cada año se incrementen en un 0,5 % los presupuestos para Educación (en el sistema de educación básica, inicial y bachillerato) y en el Sistema Nacional de Salud. En el justificativo enviado a la Asamblea en la proforma que regirá el próximo año, se indica que en el ejercicio fiscal 2023 se ha estimado un PIB de $ 122.369,36 millones, de allí que el incremento destinado para educación inicial, básica y bachillerato ascienda a $ 611,87 millones, equivalente al 0,5 % de ese PIB, conforme la normativa legal vigente.En este caso, Finanzas compara la proforma 2023 con el codificado a agosto de 2022. Si lo hiciera contra el inicial, la relación no se cumplirá.En lo que respecta al Sistema Nacional de Salud, Finanzas sostiene que el incremento en la proforma 2023 asciende a $ 677,85 millones, rubro que representa un aumento por encima del 0,5 % en relación con el PIB estimado para la proforma. No queda del todo claro cuáles son los números que toma en cuenta para dicho cálculo. De acuerdo con el Gobierno, los recursos se destinarán a los servicios médicos de forma oportuna con calidad, calidez y eficiencia para los ciudadanos dentro del territorio nacional.Pese a que estas cifras superan el 0,5 % del PIB, el Estado no termina de cumplir con el mandato de la Constitución acerca del incremento periódico del presupuesto en materia de educación y salud. Este incumplimiento viene arrastrándose desde el gobierno de Rafael Correa, en el cual debió haberse llegado a la meta.Es que hace 15 años en la Constitución de 2008 se dispuso que cada año los presupuestos para el Sistema Nacional de Salud y para Educación básica, inicial y bachillerato del Ecuador debían incrementarse cada año el 0,5 % del producto interno bruto (PIB). En el primer caso hasta llegar al 4 % del PIB y en el segundo hasta llegar a un 6 %. Sin embargo aún la meta no se cumple.De acuerdo con Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, este año los $ 4.008 millones destinados al Ministerio de Educación (que incluye los sistemas básico, inicial y bachillerato) representan 3,3 % del PIB de ese mismo año ($ 122.369 millones). En 2008, cuando existía un presupuesto de $ 1.752 millones, esta cifra equivalía a 2,8 % del PIB, por lo que en 15 años solo se ha incrementado 0,5 puntos del PIB. Si se hubiese cumplido el mandato constitucional, el presupuesto para educación debería haber llegado al 6 % hasta el 2015, explica.Igualmente, en cuanto al presupuesto para e l Sistema Nacional de Salud, lo entregado en 2023 para este tema llega a $ 3.570 millones, es decir, un 2,9 % del PIB. Tal como en el caso de educación, cuando la Constitución se puso en vigencia, el porcentaje del PIB para salud llegaba a 1,4 % ($ 879 millones). En el caso de salud, el porcentaje del PIB en 15 años ha subido 1,5 puntos del PIB. Si el gobierno de Correa hubiese cumplido con incrementar cada año 0,5 % hasta llegar al 4 %, se hubiese llegado a la meta en 2014, replica.Sobre el mismo tema, Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, comenta que el Gobierno muestra una política de austeridad, en la línea del cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero que también debe gestionar su política económica con base en las demandas sociales, como por ejemplo, en las nuevas disposiciones legales sobre salarios de maestros que representan un importante incremento. Para García, es importante entender que existen problemas estructurales en el presupuesto del país, por ejemplo, lo que tiene que ver con salarios. Se trata de un gasto inflexible y por ello el Gobierno busca el ajuste a través de la inversión pública, que está reducida a la mínima expresión. También se mostró preocupado por los ingresos que están previstos en la proforma, que en el caso de la venta del Banco del Pacífico, si no se llega a cumplir, representará un mayor déficit a este presupuesto.En la Constitución de la República existen dos transitorias sobre el tema. DECIMOCTAVA.- El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interno Bruto. VIGESIMOSEGUNDA.- El Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del Sistema Nacional de Salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto, hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento. (I)

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