Corte Constitucional cerró la puerta a la migración de contratos petroleros, tras su sentencia

La Corte Constitucional terminó por darle la estocada final a un lento y complejo proceso de modernización del sector petrolero al haber declarado inconstitucionales por la forma varios artículos que constaban en la Ley de Desarrollo Económico aprobada en noviembre del 2021. A través de la sentencia 110-21-IN/22 la Corte deja insubsistentes los artículos en materia petrolera que van del 131 al 145 y disposición transitoria décimo primera de la Ley de Desarrollo Económico.La Corte indica que esos artículos son incompatibles con el principio de unidad de materia al no mantener una conexidad con el eje temático del decreto-ley, que es el tributario.La normativa que queda insubsistente tenía que ver con la posibilidad de delegar la exploración y explotación de hidrocarburos a empresas nacionales o extranjeras, o de probada experiencia y capacidad técnica y económica. Para ello, la norma permitía celebrar contratos de participación, de prestación de servicios o mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana o de usual empleo en la industria a nivel internacional que no contravengan la legislación ecuatoriana. Se detallaba en qué consiste la figura de contrato de participación. También se indicaba que el presidente de la República podrá disponer los recursos necesarios a fin de formar un fondo permanente de inversión para la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos.Y se establecía la necesidad de que los hidrocarburos se explotarán con el objeto primordial de que sean industrializados dentro o fuera del país.Para el analista Alberto Acosta Burneo, la decisión de la Corte Constitucional dio la estocada final a un proceso de modernización y de atracción de inversión en el sector petrolero, que en realidad ha sufrido varios obstáculos. Considera que el tema más grave de la decisión de la Corte es que ya no se podrán dar las migraciones para los contratos de servicios de participación. Esto será seguramente un desincentivo para la inversión , que es lo que más necesita el sector petrolero y el país en estos momentos.Acosta explica que a partir de la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico se presentaron al menos 24 solicitudes de migración de contratos. Ninguna de estas ha sido atendida hasta el momento. Los motivos, principalmente, serían temas burocráticos, pero además la inestabilidad política tras las protestas violentas de junio pasado.Indica que ahora en Ecuador se va a vivir otro momento político complejo que es el cumplimiento de los compromisos a los que llegó el Gobierno con el sector indígena justamente en temas petroleros y mineros. Por ejemplo se va a iniciar la elaboración de una ley petrolera, minera y otra de Petroecuador, en la cual son delegados de la propia Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y del sector indígena los que participarán con un claro tinte antiminero y antipetrolero.Para Acosta, el Gobierno tiene al momento al menos dos salidas. La una es volver a presentar las propuestas, pero ya en la Ley de Inversiones, pues la Corte no encontró problemas en la ley como tal, sino en la unidad de materia, es decir, fue un tema de forma. Sin embargo, considera que esta vía demorará la inversión varios meses más. Al momento ya ni siquiera se puede tener en mente el incremento de la producción, sino que esta no siga cayendo. La otra es continuar trabajando con las empresas que ya están en el país y para ello se deben realizar las renovaciones de contratos que están próximos a terminar. Uno de ellos, dice, el de New Stratus, que continuaría con el manejo de activos que eran manejados por Repsol. Acosta considera que el peor de los escenarios sería que estos contratos regresen a manos estatales, pues la empresa pública no tiene los recursos.Entre tanto, Miguel Robalino, experto petrolero, considera que lo que ha pasado con la Corte no afecta de manera tan importante al panorama petrolero en Ecuador, pues esas reformas nunca llegaron a concretarse. Las empresas que están ahora en el país continuarán con sus contratos, comenta. Y explica que el Gobierno hasta el momento no ha tenido políticas claras ni en el tema minero ni en el petrolero. Considera que hay muchos temas que se encuentran al momento empantanados y que esto justamente será el nuevo desafío para el ministro de Energía, que se posesionó la tarde de este lunes 31 de octubre. Frente a acuerdos de moratoria, el reto será aumentar la producción sin expansión de la frontera petrolera, indica.En este sentido, recalca que espera que el nuevo ministro pueda establecer políticas claras para los 30 meses que le restan al Gobierno. (I)

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