El Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) solicitó a la Corte Constitucional y a la Contraloría General del Estado, el “respeto irrestricto a los derechos constitucionales”.
A través de un comunicado los trabajadores de CNT piden además el “respeto irrestricto” a los convenios internacionales de libertad sindical, contratación, negociación colectiva, así como el “derecho de sindicación” de los 5.700 obreros y servidores de CNT y de más de 45.000 trabajadores en todas las empresas públicas.
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Comité de Empresa de CNT y Ministerio del Trabajo acordaron crear una mesa técnica tripartita
Esto, porque en la mira del Gobierno están los contratos colectivos de cuatro empresas públicas, además de CNT, de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador.
El Ministerio de Trabajo a inicios de este mes presentó la solicitud de examen especial en la Contraloría General del Estado a los contratos colectivos de estas cuatro empresas. El pasado 11 junio la cartera de Estado emitió el Acuerdo Ministerial n.º MDT- 2024-080 en el cual se establece que efectuará una revisión de los contratos colectivos y actas transaccionales suscritos en las instituciones, entidades, organismos del sector público, gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas, para determinar si antes de firmarlos contaron con el dictamen obligatorio y vinculante del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Las medidas anunciadas desde la cartera de Estado han sido cuestionadas por los dirigentes que se organizan para defenderlos y en ese contexto, para este sábado, 13 de julio, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a una convención nacional, que se realizará en el Arena Park, en el km 14 de la vía a Samborondón, desde las 09:00.
En este encuentro, el presidente de la CUT, Richard Gómez, junto a otros líderes sindicales, según un comunicado, “discutirán y delinearán estrategias para proteger los derechos laborales adquiridos y promover un diálogo constructivo con las autoridades y empleadores”. Además exponen los puntos en los que se enfocará la convención:
- Evaluar el impacto del acuerdo en los derechos de los trabajadores y la estabilidad laboral.
- Diseñar acciones concretas para garantizar el cumplimiento de los contratos colectivos y la protección de los beneficios adquiridos.
- Reiterar la apertura al diálogo con el Gobierno y los empleadores, buscando soluciones justas y equitativas para todos los trabajadores.
- Declarar la improcedencia del acuerdo ministerial. Esto, “apelando a la legalidad de la improcedencia del mismo y su impacto negativo en los trabajadores”. (I)