La Comisión de Fiscalización inició un proceso para analizar la delegación del campo Sacha (bloque 60) que lleva adelante el Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), a un consorcio conformado por empresas subsidiarias de empresas estatales extranjeras. La mesa legislativa convocó a varias autoridades para que den explicaciones durante la sesión desarrollada la tarde y noche del viernes 14 de febrero; sin embargo, no asistieron.
Fueron citados la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano; la gerenta general subrogante de Petroecuador, Jackeline Jiménez; el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea; y Juan Carlos Vega, exministro de Economía y Finanzas. De ellos, Manzano, Jiménez y Larrea presentaron excusas para no presentarse, mientras que Vega no pudo ser notificado por la Comisión porque renunció al cargo el jueves.
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El procurador del Estado, en el oficio en el que presentó su excusa, señaló que a su despacho no ha ingresado ningún tipo de solicitud de pronunciamiento, autorización o requerimiento de emisión de informe de control de legalidad sobre un proceso precontractual o de un contrato ya celebrado relacionado con el campo Sacha. Además, puntualizó que la Procuraduría no tiene la facultad para autorizar la firma de contratos públicos, revisar el contenido ni efectuar control previo de legalidad.
Larrea indicó en el oficio que la única autorización que puede emitir la Procuraduría de forma previa a la celebración de un contrato público es la relativa a la aprobación de cláusulas arbitrales extranjeras, pero esto tampoco ha sido puesto en conocimiento de la institución que esté relacionada con el campo Sacha.
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Gobierno abre el camino para delegar el campo Sacha a empresas extranjeras
Es la segunda vez que Fiscalización intenta conocer de qué se trata, cómo se encuentra y por qué el Gobierno decidió delegar la operación del campo Sacha a una empresa extranjera. La primera vez fue el 2 de enero, a la que fue llamada la gerenta subrogante de Petroecuador, pero tampoco acudió.
La presidenta de la Comisión, asambleísta Pamela Aguirre, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), reprochó la inasistencia de las autoridades. “No es que le hacen daño a la Asamblea Nacional o a la Comisión de Fiscalización; le hacen daño el país. El país quiere respuestas sobre este tema tan importante”, comentó y señaló que la Constitución resguarda a los sectores estratégicos.
De lo que se conoce del proceso de delegación, la oferta que analiza el Gobierno proviene de un consorcio conformado por Amodaimi Oil (subsidiaria de la petrolera estatal china Sinopec) y Petrolia Ecuador S. A. (filial de la canadiense New Stratus de Energy). La oferta contempla entregar al Estado un pago anticipado de $ 1.500 millones a cambio de operar el bloque 60 por 20 años, tiempo en el cual se invertirían $ 1.700 millones, con el fin de aumentar la producción diaria del campo de 75.000 barriles a 100.000 barriles.
Ante la ausencia de las autoridades, la mesa legislativa dio paso a una comisión general en la que escucharon a un abogado y a dirigentes sindicalistas que se oponen a la concesión de Sacha y que sugieren que existirían irregularidades en el proceso que encamina Carondelet, el cual no ha concluido.
El primero en intervenir fue Washington Andrade, abogado del Frente de Defensa Petrolera Ecuatoriana y del sindicato de trabajadores de Petroecuador. Expuso que la adjudicación que pretende hacer el Gobierno es “a dedo”.
Dijo que se ha encontrado información de que las empresas que conforman el consorcio que busca operar Sacha no tendrían relación societaria con la empresa estatal china Sinopec, por lo que se presume que se estaría cometiendo una “simulación” para beneficiarse del contrato.
Andrade recordó que el pasado 6 de febrero los sindicatos presentaron una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, en la que además solicitan una medida cautelar para detener la delegación.
Dijo que en la negociación con las empresas interesadas se pretendería incluir cláusulas de arbitraje en el contrato, lo cual está prohibido por la Constitución y fue rechazado en la consulta popular de 2024.
Los representantes de las organizaciones que rechazan la concesión del Sacha argumentaron que no hay transparencia en el proceso, tampoco justificación técnica —con informes de Petroecuador— sobre la incapacidad de la empresa pública Petroecuador para seguir operando el bloque, cuando en los últimos años se ha incrementado la producción. Además, señalaron que se habrían hecho desinversiones a la empresa pública para debilitarla y que la delegación, como está planteada, causaría un perjuicio al Estado por más de $ 1.000 millones.
En ese sentido, David Almeida, secretario de la Asociación de Trabajadores de Petróleo y Energía (Antep), mencionó en la Comisión que fue desvinculado de Petroecuador por dar a conocer anomalías relacionadas con Sacha.
Pidió a la mesa de Fiscalización que se inicie una investigación profunda a la concesión y sugirió que se oficie a la Embajada de China para solicitar información respecto de si existe o no autorización del Gobierno chino para que Sinopec participe en un consorcio con la compañía Petrolia o cualquier otra en la concesión de Sacha. Que también se requiera una certificación de si la empresa estatal china tiene participación directa en algún consorcio para la delegación del campo.
Adicionalmente, Almeida recomendó a la Comisión que solicite a la Superintendencia de Compañías que emita una certificación de quiénes son los dueños de las empresas Petrolia y de Amodaimi Oil. Finalmente, el dirigente dijo que se pida a Petroecuador informes de si es o no conveniente la concesión del bloque 60.
La asambleísta Pamela Aguirre tomó nota de las recomendaciones e indicó que se procederá con los pedidos de información. La legisladora expresó que “son gravísimas las acusaciones” contra el proceso, por lo que “se necesita total transparencia” y, por ello, es fundamental que las autoridades comparezcan en la Comisión. (I)