La sostenibilidad del fondo de pensiones del IESS, uno de los desafíos que debe afrontar el país

La dolarización, si bien debe mantenerse en Ecuador, “no es la cura” a todos los males que afectan al país. Bajo esa premisa, el economista Alberto Dahik sostiene que, mientras el debate político se ha centrado en torno a la permanencia del dólar, se han dejado de lado temas cruciales como el futuro de la seguridad social, la revisión de los subsidios que entrega el Estado, entre otros.

Durante un foro organizado por la Universidad Espíritu Santo (UEES), en Quito, Dahik analizó el escenario económico y los desafíos que afronta el país para alcanzar la sostenibilidad de las arcas públicas, para lo cual no basta con tener al dólar como tipo de cambio.

“Hemos creído que la dolarización es una vacuna que nos protege de todos los males”, comentó. Sin embargo, dijo, durante los 25 años de vigencia del sistema monetario en Ecuador se han “olvidado las tareas fundamentales para poder crecer y resolver la pobreza”.

Puso como ejemplo que países con moneda propia, como Perú o Colombia, logran atraer mucha más inversión extranjera directa (IED) que Ecuador. En 2024, Ecuador recibió apenas $ 232 millones, lo que fue menos de la mitad de las inversiones que ingresaron en 2023.

“Hay que resolver el problema de los subsidios, resolver el problema de las pensiones, las tasas de interés, la legislación laboral, la política salarial, el apoyo decidido a la minería, los cambios en la Constitución que se necesitan para poder atraer la inversión extranjera en sectores estratégicos. No se trata de creer que la dolarización es una receta mágica. La tuvimos que adoptar, no había otra alternativa. Sería una locura salir de ella, pero no nos va a resolver el problema de la pobreza”, comentó.

Para empujar los cambios que se requieren no solo basta con voluntad política, sino que esta se respalde en un “consenso nacional”, construir una agenda nacional de la cual hoy se carece. “Hay que llegar a acuerdos entre todos los sectores”, remarcó.

Uno de esos acuerdos debe ser una reforma urgente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), señaló Dahik, quien es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo (Cesde) de la Universidad Espíritu Santo.

El economista apuntó que el fondo de invalidez, vejez y muerte (IVM) del IESS arrastra un problema que pone en riesgo el pago de pensiones en 2026.

Señaló que en 2019, con aval del Banco Mundial, participó junto con otros expertos en un estudio sobre la sostenibilidad del IESS. Una de la conclusiones fue que para el año 2020 el déficit actuarial del IVM ascendía al 135 % del PIB.

Añadió que las reservas del Seguro han caído y el 40 % que el Estado debe aportar se ha duplicado en diez años por la variable demográfica; sin embargo, el Estado no está cumpliendo con la totalidad de lo que le corresponde. Por ello, el IESS se ve obligado a desinvertir de los fondos que tiene en el Banco del Seguro Social.

Aclaró que el problema no se resuelve con que el Estado pague todo lo que le debe al IESS, porque además el fisco no tiene cómo pagar; sino que la situación es estructural, ya que el sistema se construyó décadas atrás con variables demográficas muy distintas a las actuales.

Explicó que el subsidio al IESS, Issfa y al Isspol, a través del aporte estatal para pensiones, representa alrededor de $ 3.300 millones que siguen creciendo por el aumento demográfico, mientras que las arcas fiscales no poseen los suficientes recursos.

Esta subvención y el subsidio a los combustibles no se compadecen con la población, porque benefician a los grupos privilegiados, afirmó.

“Los subsidios más fuertes que ha otorgado por décadas el Ecuador reafirman la pobreza, la mala distribución del ingreso. Hacen más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Pero estamos felices, porque estamos dolarizados. Hemos generado una bomba de tiempo dándole subsidios a las clases más privilegiadas”, enfatizó.

Con cifras del Banco Central del Ecuador, el economista expuso que solo entre 2010 y 2023 el país ha destinado $ 54.000 millones en subsidios a los combustibles, lo que termina siendo favorable para las personas más ricas y para el contrabando.

Mientras tanto, en el mismo periodo la deuda pública pasó de $ 13.300 millones en 2010 a $ 65.000 millones en 2023. El volumen actual de la deuda representa el 66 % del PIB.

Aseguró que el 83 % de la deuda que tomó el país fue a parar al subsidio de los combustibles. “Eso es inmoral. Carece de toda ética”, reprochó. (I)