En el caso penal contra la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), María Alexandra Ocles, y cuatro funcionarios más de esa misma cartera de Estado, la fiscal general, Diana Salazar, asegura no tener el “elemento objetivo” que pueda configurar el peculado y por ello formulará cargos por el delito de tráfico de influencias.