Quince ciudadanos venezolanos en libertad; dos venezolanos, un cubano y un ecuatoriano que deberán presentarse pasando un día ante al autoridad; y la orden de un procedimiento directo por el delito de asociación ilícita para que en diez días exista una audiencia de juzgamiento, son los resultados de una audiencia de casi cuatro horas contra quienes se acusaba de realizar tareas de inteligencia a las caravanas presidencial y vicepresidencial.

Todos fueron detenidos el jueves último cerca de una gasolinera ubicada en la vía que conduce al aeropuerto de Tababela, al nororiente de Quito. Según las autoridades, las detenciones se dieron porque se encontró en su poder material relacionado con los movimientos de las caravanas del presidente Lenín Moreno y del vicepresidente Otto Sonnenholzner.

En la primera parte de la diligencia, el juez Miguel Narváez determinó que para 15 de los venezolanos no calificaba la flagrancia solicitada y ordenó su inmediata libertad. 

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Mientras que la segunda parte de la audiencia se dio solo contra Albert M., José R., Yoelvys A. y Arturo V., luego de una suspensión de una hora para que Fiscalía revise el contenido de una cámara de seguridad y de una cámara digital que eran parte de las evidencias levantadas en el caso.

La decisión del juez Narváez fue que el caso se resolvería mediante un procedimiento directo y en 10 días (el próximo 21 de octubre) se daría la audiencia de juzgamiento. Mientras tanto, los cuatro procesados deberán presentarse pasando un día, desde el lunes próximo, ante la autoridad competente.

María del Carmen Suyón, abogada del cubano Yoelvys A., refirió que diez días es tiempo suficiente para demostrar que su defendido es inocente. Criticó a la Fiscalía por solicitar que se suspenda la diligencia para revisar evidencias, cuando lo normal, si pidió audiencia, es que él vaya a la diligencia con los elementos de prueba suficientes.

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Liberados exigen disculpas públicas

El representante de la Fundación de Venezolanos en Ecuador, Eduardo Febres Cordero, así como familiares de los extranjeros que quedaron en libertad exigieron a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que emita unas disculpas públicas en "cadena nacional" a la comunidad venezolana y a los injustamente acusados.

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Febres Cordero anunció que como comunidad venezolana y como seres humanos emprenderán acciones a nivel nacional e internacional en contra de estas detenciones a las que calificaron de arbitrarias. (I)