La Corte Constitucional (CC) resolvió este jueves, con nueve votos a favor, declarar la inconstitucionalidad del artículo 581 del Código Integral Penal (COIP), numeral 3 inciso final, que exige un informe previo de la Contraloría General del Estado para que la Fiscalía inicie una acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.