A doce días de que concluyan los 90 días de instrucción fiscal por la ejecución extrajudicial del policía Froilán Jiménez durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, Edwin Romero, abogado de la familia de la víctima, denunció que el caso está "estancado".
Entre las falencias que resaltó para que no avance el proceso está que se han pedido versiones de varios militares, los cuales a la hora de hablar dicen que no recuerdan o desconocen todo lo ocurrido la noche en la que fue asesinado el agente del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que participó en la salida del Hospital de la Policía del entonces presidente Rafael Correa.
Además recordó que por más de diez ocasiones desde Fiscalía se ha pedido la desclasificación de la información relacionada al 30S, pero hasta el día de hoy, aseguró, no se ha remitido la nómina del armamento y la munición usada la jornada del 30 de septiembre de 2010, por dos grupos especiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos, el Grupo Especial de Operaciones (GEO).
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"Este caso se encuentra viciado, porque el caso se desapareció más de 25 días en manos del ex fiscal general Paúl Pérez. Él tendrá que responder cuál es la razón lógica de porque no investigó los elementos de convicción que fueron presentados por el fiscal Fabián Salazar en su momento", indicó Romero.
La desaparición a la que se refiere Romero tiene que ver el tiempo en que se mantuvo el expediente del caso Jiménez en manos del fiscal general luego de que el fiscal de Pichincha Fabián Salazar trasladó la causa a su superior porque encontró elementos de convicción que aparentemente relacionaban al caso al expresidente Correa, al exministro de Defensa Javier Ponce, y al Alto Mando Militar de ese entonces.
"Misteriosamente el proceso se desparece por más de 25 días y el exfiscal Paúl Pérez remite el proceso sin causa justa y sin un solo oficio al doctor José Maldonado para que siga investigando y no vinculó a nadie. Esto es preocupante y me pregunto a quién o quién está encubriendo que no se sepa la verdad", concluyó.
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La instrucción fiscal en este caso inició el 5 de septiembre pasado contra los oficiales del Ejército Wilson R. y Vicente N. (I)
