La jueza Daniella Camacho dispuso este martes la orden de prisión preventiva para el expresidente de la República Rafael Correa por la acusación que hizo en su contra la Fiscalía por el caso de secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en 2012. Y también acogió el pedido de la Fiscalía de solicitar a la Interpol la captura del exmandatario mediante la difusión de una alerta roja. 

Daniella Camacho dictaminó: "Que se emita la difusión roja y se pida a Interpol que se localice y se detenga con el fin de extradición al expresidente Rafael Correa". La jueza acogió el pedido de la Fiscalía General y tomó tal decisión luego de que el exmandatario, residente en Bélgica, incumpliera la medida cautelar de presentarse desde el 2 de junio cada 15 días en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito.

El cambio de medida llegó a pedido del fiscal general (e), Paúl Pérez, pues aseguró que tras el incumplimiento no existían garantías de que el procesado comparezca al juicio.

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La solicitud de Pérez fue respaldada por Felipe Rodríguez, defensa de Balda, quien añadió que la prisión preventiva de Correa evitaría que este obstaculice la investigación.

Para él es muy ‘sospechoso’ que Correa viajara a Madrid, donde está el también procesado Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, y que este decidiera no dar su versión ante el fiscal por varias ocasiones.

La diligencia empezó con el pedido de la jueza de que el secretario de la Sala lea la certificación de si Correa se presentó. La respuesta fue que no.

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Inmediatamente se leyeron varios escritos remitidos desde el Consulado de Ecuador en Bruselas, en los que se confirmaba que el expresidente se presentó en esa misión diplomática, pese a que la jueza del caso ya negó esa posibilidad el 18 de junio pasado.

Los funcionarios consulares le hacían saber a Camacho que le informaron a Correa que esa misión no había sido notificada de ninguna delegación.

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Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, defendió la legalidad de la acción de su cliente, asegurando que no lo hizo de “manera caprichosa”, sino que cumplió con las alternativas que la ley le daba.

Para justificar la presentación en Bélgica, Ochoa invocó la Ley de Servicio Exterior y la Convención de Viena. Poco después, Camacho aclaró que una orden de la administración de justicia no se la interpreta ni se la incumple.

El abogado señaló que la prisión preventiva es una medida que responde no a un tema de justicia, sino de venganza.

Sin dar nombres, afirmó que lo que se está haciendo es "cumplir el viserazo", "méritos para que luego se les mantenga en las funciones que están en la administración de justicia".

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Adelantó que ya interpuso verbalmente la apelación a la decisión de Camacho, para que un Tribunal de la CNJ revise todas las "violaciones al debido proceso" que han existido.

Balda dijo que recibe la decisión con mucha madurez y responsabilidad. Aseguró que a partir de este momento él seguirá trabajando y no descansará para que exista justicia en todos los “crímenes de Estado cometidos en el correísmo”.

La jueza resolvió que si el expresidente es detenido por la Interpol deberá ser trasladado a la Cárcel 4, sitio en el que cumple actualmente su sentencia el exvicepresidente Jorge Glas por asociación ilícita.

Por su parte el abogado de Balda explicó que el proceso con la Interpol tomaría un par de semanas, pues primero tiene que entregarse la resolución por escrito de la jueza Camacho y luego la Corte Nacional tiene que hacer los pedidos pertinentes a la difusión roja.

Cómo funcionan las alertas internacionales

Según la página web de la Interpol, los avisos de Interpol son alertas internacionales que permiten a la policía de los países miembros compartir información crítica relacionada con el crimen.

Se asegura que las notificaciones son publicadas por la Secretaría General de Interpol a petición de  las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) y las entidades autorizadas, y pueden ser publicados en cualquiera de los idiomas oficiales de la Organización: árabe, inglés, francés y español.

En el caso de las Notificaciones Rojas, las personas involucradas son buscadas por las jurisdicciones nacionales y los avisos solicitados se basan en una orden de arresto o decisión judicial. La función de Interpol, se agrega, es ayudar a las fuerzas policiales nacionales a identificar y localizar a estas personas con miras a su detención y extradición.

Además, las Naciones Unidas, los Tribunales Penales Internacionales y la Corte Penal Internacional utilizan las notificaciones para buscar a las personas buscadas por cometer crímenes dentro de su jurisdicción, especialmente genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El fundamento jurídico de las notificaciones rojas es la orden de detención o la sentencia judicial expedida por las autoridades judiciales del país interesado. Muchos países miembros de la Organización consideran que la notificación roja equivale a una solicitud de detención provisional válida. Además, en varios convenios bilaterales y multilaterales de extradición, tales como el Convenio Europeo de Extradición o el tratado modelo de extradición de las Naciones Unidas, se reconoce a INTERPOL como conducto oficial para transmitir solicitudes de detención provisional. (I)