QUITO
.- La presión provocada por la denuncia del asambleísta Galo Lara (SP), sobre un supuesto pago de medio millón de dólares de la Cervecería Nacional a miembros de la Corte Constitucional (CC) para favorecer un fallo laboral a la empresa, obligó ayer a los 9 magistrados en pleno a retroceder y anular la resolución del 3 de febrero pasado.