El Gobierno cuestionó ayer el fallo del Juzgado Noveno de la Niñez y Adolescencia del Guayas, que dictó medidas cautelares en contra de Cervecería Nacional (CN) que impiden la comercialización de sus productos Pilsener y Club.
José Serrano, ministro de Justicia, dijo que existe preocupación por las actuaciones constantes y permanentes que se dan de parte de algunos jueces. “Aquí no solamente estamos hablando de una defensa a los derechos laborales, se está utilizando una defensa de derechos laborales, pero en realidad aquí están respondiendo a intereses económicos, como en otros casos más”, sostuvo.
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El funcionario agregó que se debe investigar no solo de forma administrativa sino penal por parte de la justicia.
A decir de Serrano, “de manera absolutamente extraña” el tema ha sido resuelto por una jueza temporal.
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Para la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, el Estado es uno de los principales perjudicados con la medida porque –señaló– la Cervecera dejaría de realizar el pago de impuestos y la cancelación de haberes a los proveedores.
La funcionaria añadió que el Ministerio de Relaciones Laborales, cuyo titular no estuvo presente en la rueda de prensa, se pronunció en el sentido de que no encontró elementos para poder fallar a favor de los ex trabajadores.
A Cely le llamó la atención la figura de las medidas tomadas por el juzgado, pues no va en proporción “del reclamo inicial que los ex trabajadores de las empresas tercerizadas tuvieran en ese momento”.
Roberto Sánchez, secretario del Sindicato de Trabajadores que pidió las medidas cautelares en contra de la Cervecería, cuestionó que el Gobierno haya emitido ese pronunciamiento e intervenido en un asunto que es legal. “Nosotros creíamos en este Gobierno, pero con esto una vez más nos damos cuenta de que no es de izquierda, no es del trabajador”, increpó.
El sindicalista vinculó al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, como una de las personas que buscan impedir una resolución favorable a los ex trabajadores.
Mera fue abogado de la Cervecería, según ex trabajadores. “Por medio de él no hemos podido cobrar (las utilidades) tal como cobraron y resolvieron (el Ministerio de Relaciones Laborales) con los trabajadores de Holcim”, dijo Sánchez.
Mientras que Humberto Zúñiga, abogado que lleva dos procesos de los ex trabajadores de la Cervecería Nacional, señaló que han solicitado al Juzgado 12º de lo Civil del Guayas que se ordene el inicio de procedimientos para la destitución del ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.
Los demandantes alegan que el Secretario de Estado no cumplió con la sentencia ordenada por ese juzgado en la que dispuso que en cinco días dicte una resolución y dé el mismo trato otorgado a ex trabajadores de Holcim que efectuaron un reclamo similar.
Así, esa judicatura dejó sin efecto una resolución del Ministerio que se declaraba incompetente para conocer y resolver el reclamo por el pago de utilidades efectuado por ex trabajadores de la Cervecería.
Arturo Cervantes, ex colaborador de la compañía que puso esa demanda, indicó que el Ministerio no acató esa sentencia en el plazo previsto.
Dentro de este mismo proceso, la Cervecería acudió a un juez de Tránsito de Pichincha para requerir medidas cautelares con el objetivo de detener la resolución del Juzgado 12º de lo Civil del Guayas. La firma argumentó que no se dio oportunidad a la defensa en este caso.
La petición de la Cervecería fue aceptada por ese juzgado, que dispuso que cualquier funcionario, sea judicial o administrativo, debe abstenerse de ejecutar la resolución del Juzgado 12º del Guayas.
