Los sistemas de seguro social en el mundo, bajo el régimen de aportación individual, constituyen una eficiente forma de ahorro nacional, que administrados e invertidos técnicamente deben generar bienestar a sus afiliados y desarrollo en sus respectivas comunidades nacionales. Bien entendido esto, puede significar el apalancamiento de fructíferos emprendimientos que podrían confluir en un círculo virtuoso de progreso y protección crecientes.
No obstante, que por más de 60 años (desde la Constitución de 1945) se consagra, en las distintas constituciones que ha tenido el país, la autonomía del IESS y que sus dineros son distintos y diferentes del fisco (del Estado), y por lo tanto de origen privado, no propios, ni administrables, ni intervenibles por el Estado y sus instituciones, la amarga historia de esta institución y sus recursos está plagada de intervencionismos descarados, politiqueros o de intereses de grupos de poder económico que han sido la causa principal de sus pronunciadas crisis históricas. La más reciente, la proclamada, con el descaro más increíble, por parte de la ex Ministra de Economía, que actuando contra norma imperativa de la Constitución (artículos 294 y 371), no asignó los recursos para el IESS en el Presupuesto General del Estado desde el año 2008, porque consideró que este tiene suficiente liquidez y que no era eficiente entregarle más recursos. Queda extremadamente claro que los intereses económicos-financieros del Gobierno (Estado) no son los mismos que los del IESS y sus afiliados. Una cosa son los intereses sociales comunes entre el Estado y el IESS, por su finalidad. Pero otros, nunca compatibles, los económicos-financieros; de ahí, que una ilegal arrogación de funciones administrativas sobre los recursos del IESS, por parte de la ex Ministra, no los hacen más eficientes sino todo lo contrario.
Por ello el legislador, sabiamente, desde esa época, ha diferenciado los recursos del IESS de los del Estado, para precautelar su administración e inversión técnica, no politiquera, no amarrada, no colusoria, no atentatoria al bienestar de afiliados, jubilados y viudas. Con ello evitar también, que el Estado a modo de mea culpa, asuma déficits actuariales que en condiciones normales no deberían presentarse si el Estado cumple su rol y el IESS el suyo.
Desde fines del 2008 el IESS viene perdiendo decenas de millones de dólares por sus inversiones en papeles del Estado; en el campo Pañacocha; y, por el intervencionismo del Estado a través del Banco Central y del Ministerio de Economía. Pero también, por la ineficiencia, el compromiso politiquero, la ignorancia o el acomodo de los miembros de su máximo organismo de gobierno, el Consejo Directivo.
Es evidente que la conformación de este organismo y la del Directorio del Banco del Afiliado no obedecen al interés del IESS y sus afiliados, pero sí a la del Gobierno. Que es imperativo una reforma profunda que ponga al Estado y al sector privado a ofertarle al IESS posibilidades de inversión en libre competencia.
Que el IESS pueda actuar como cualquier inversor, escogiendo libremente sus inversiones.
