En 1962 el libro de Rachel Carson, llamado El Silencio de la Primavera, reveló la contaminación del agua, suelo y los cambios en ciertas especies de animales por la utilización de productos químicos en la agricultura. Ese libro inició el movimiento ambientalista y 10 años después, en 1972, logró erradicar del comercio al famoso DDT. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, fomentó la elaboración del Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas (voluntario para los países) así como del Convenio de Rótterdam sobre el comercio de plaguicidas.
En el Registro Oficial Nº 556 del 25 de marzo se declaró en emergencia el sector agropecuario por el uso del plaguicida Mancozeb y sus mezclas, debido a la posibilidad de un nexo entre el plaguicida y malformaciones en menores; sin embargo, se lo sigue usando.
La Constitución establece que el mero riesgo ambiental posibilita a cualquier autoridad a solicitar medidas cautelares, aunque en la práctica no hay una reforma legal para viabilizar esto; y la Ley de Gestión Ambiental recoge el Principio de Precaución que sin necesidad de certeza científica puede una autoridad cesar la actividad supuestamente contaminante; incluyendo el Mancozeb.
El Gobierno incluso debería extender la prohibición a otros plaguicidas que silenciosamente le quitan la sonrisa a miles de niños del campo, pues sus padres están expuestos a productos químicos como el 2,4-D que tiene “alarmas” de la Organización Mundial de la Salud desde 1990, consta como permitido de uso en el listado de plaguicidas del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, y que de los estudios realizados se deduce causa malformaciones como labio leporino y paladar hendido. A estas de por sí graves consecuencias hay que sumar los casos de retardo mental.
Estas agresiones permitidas por la autoridad pública harían pensar a cualquier ciudadano del mundo, que tienen algún tipo de derecho para por omisión dañar para siempre, de manera irreversible, la vida de un ser humano. ¿Cómo se devuelve la capacidad de pensar y actuar con normalidad a un niño con retardo mental? ¿Cómo desaparecer las cicatrices físicas en la carita de un niño y en el viacrucis vivido por su familia?
No caben las famosas “restauraciones” concebidas en la Constitución, pues son imposibles, el daño está hecho y ni los niños ni los recursos naturales pueden volver a fojas cero. Mientras tanto, un oasis en el desierto de inacciones es la Fundación Rostros Felices, que se dedica a ayudar a los niños de escasos recursos de la zona rural de la Costa y Sierra del Ecuador, con casos de labio leporino y paladar hendido.
Se me ocurre que siendo legalmente responsabilidad de los ministerios de Agricultura, Ambiente y Salud, el de realizar la revisión de la lista de plaguicidas prohibidos de usar, se la actualice urgentemente; se promueva e incentive la agricultura orgánica y la importación de insumos ecológicos; se invierta en publicidad para el consumo responsable, pues es más importante saber los que nos llevamos a la boca que informar que la patria ya es de todos; se destine un fondo para las operaciones de estos niños que ni siquiera constan como estadísticas en los hospitales públicos del país.
