Los revolucionarios nos dijeron que con la Constitución de Montecristi se acababa la época del neoliberalismo y que empezaba la del Socialismo del Siglo XXI, cuya prioridad es garantizar la vigencia de los derechos de los ciudadanos, al punto de que el artículo primero de la Constitución describe al Ecuador como un Estado de derechos.
Con ese criterio, los derechos de los ecuatorianos deben ser reconocidos por los gobernantes como lo que son, es decir, derechos, y no como dádivas.
En esa línea, la Constitución de la Revolución contempla en el artículo 50 una garantía especial a favor de quienes padecen enfermedades catastróficas: “El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente”. Esta garantía no constituye una dádiva, menos un favor, ni está supeditada al buen humor de los gobernantes. Por el contrario, constituye un derecho que tienen los ecuatorianos que lamentablemente padecen este tipo de enfermedades, para ser atendidos de forma especializada, gratuita, oportuna y preferente.
Lamentablemente, es ya público el caso de Giovanna Murillo, quien acaba de fallecer precisamente por adolecer de una enfermedad catastrófica. Según un reportaje de Ecuavisa sobre su caso, no solo que no recibió de forma gratuita los medicamentos a que tenía derecho y que sus familiares debieron soportar condiciones infrahumanas para asistirla en sus últimas horas, al punto de que su padre dormía en el piso, sino que debió vivir en carne propia la humillación pública cuando la ministra Caroline Chang, en una muestra de indolencia inexplicable, le recriminó por qué reclamaba por aquello que durante 21 años se le ha negado, refiriéndose seguramente a la edad de Giovanna. Es decir, lejos de cumplir con su rol de gobernar para servir, con una prepotencia propia de los zares, la Ministra se enoja con quienes con justa razón y amparados en la Constitución, le exigen el cumplimiento de una garantía constitucional, llegando al punto de recriminarlos públicamente por exigir sus derechos.
En contraste, el Congresillo dirigido por Fernando Cordero adquiere cuatro vehículos Nissan Patrol tipo jeep, por los cuales, según informa la prensa, se pagó la extraordinaria suma de 292.857 dólares. Sí, doscientos noventa y dos mil ochocientos cincuenta y siete dólares. Claro, la compra no debería alarmarnos, ya que se trata de vehículos de lujo, importados, que en el Ecuador únicamente los tienen los verdaderamente ricos y, como sabemos, el gobierno de la Revolución está lleno de funcionarios que viven en los barrios más lujosos de Guayaquil, Quito y Cuenca, y por ello, es absurdo que les pidamos que vayan a la función pública y se trasladen en vehículos de menor categoría. ¡Cómo se nos puede ocurrir que algunos altos funcionarios del Congresillo se trasladen en vehículos normales! Pero, en cambio, los enfermos graves sí tienen que implorar porque se cumpla la Constitución y humillarse ante los revolucionarios para que se garanticen sus derechos. Además de esos vehículos, se habrían comprado 280 computadoras y 82 líneas de telefonía celular. Como se recuerda, ya en Montecristi se gastaron miles de dólares en computadoras que luego las vendieron a precio de remate a los propios asambleístas. Ahora, como los salvadores de la patria deben estar actualizados, nuevamente se les compran computadoras nuevas. Mientras tanto, el pueblo liso y llano que padece enfermedades catastróficas, y que apenas tiene para comer, debe implorar a los revolucionarios para tener acceso a medicina gratuita. ¡Qué censurable indolencia!
