Según informó El Diario de Manabí el día 3 de febrero del 2008, ya existe un nuevo consorcio contratista encargado de culminar las obras del proyecto de riego Carrizal-Chone. El contrato se habría firmado por un monto de 32 millones de dólares.

El proyecto, que estaba a cargo de Odebrecht, fue seriamente cuestionado, al punto de que se denunció que existía sobreprecio.

Ante el anuncio de este supuesto sobreprecio, el gobierno del presidente Correa “renegoció” los términos de la negociación y viabilizó la suscripción del respectivo contrato, logrando un supuesto ahorro de varios millones de dólares. Sin embargo, tal parece que el supuesto ahorro fue ficticio ya que en realidad lo que se habría hecho fue disminuir la capacidad del proyecto y su futura expansión, al reducirse el diámetro de las tuberías y contemplarse otros ajustes técnicos.

Pues bien, el contrato con Odebrecht se firmó, habiendo concluido por mutuo acuerdo luego de su inconstitucional expulsión del país. Es raro el mutuo acuerdo, ya que si el motivo para la expulsión del país fue el incumplimiento, lo lógico hubiera sido terminar unilateralmente el contrato y ejecutar las garantías. ¿Por qué no lo hicieron? Porque evidentemente, de haber obrado de esa forma, las demandas millonarias no se habrían hecho esperar y sabido es que, tarde o temprano, los juicios terminan dando la razón a quien la tiene, por lo cual, alguna gente que sí tiene los pies sobre la tierra procura no obrar con tanta ilegalidad.

Terminado el contrato, se tomó la decisión de continuar las obras por administración directa. Es allí donde aparece un nuevo escándalo. Tal como lo denuncia el ingeniero Jaime Morillo B., de forma sigilosa, sin aviso previo, sin licitación, sin invitaciones a ofertar, se habría empezado a negociar únicamente con uno de los subcontratistas, ciertamente de los más grandes, para encargarle la ejecución de la totalidad de las obras, excluyendo a los otros subcontratistas.

Se conoce que la oferta presentada inicialmente alcanzó el monto de 33’021.946,33 dólares, con precios por rubros similares a los de Odebrecht, cuando los precios de los subcontratistas nacionales son significativamente más bajos. De hecho, en el proyecto Baba Odebrecht endosó los subcontratos, lo que disminuye significativamente el precio de las obras.

En conocimiento extraoficial de esta oferta, otra subcontratista de Odebrecht presentó una propuesta por las mismas obras por el monto de 28’956.182,72 dólares, es decir, de 4’065.763,61 dólares más barata.

Sin embargo, pese a la presentación formal de esta oferta más económica; pese a que se denunció en la Presidencia de la República que estaba por celebrarse este contrato significativamente más caro; pese a que se han solicitado audiencias para explicar lo que he referido:  nada.  En el Gobierno no pasa  nada  y por el contrario, se terminó firmando el contrato finalmente con un precio superior en cerca de 3’000.000 de dólares al de la oferta más económica.

¿Por qué no se licita esta obra?; ¿por qué no se receptan y analizan otras ofertas?; ¿por qué la Presidencia de la República no interviene? ¿Será que la única forma de parar la corrupción es denunciando toda irregularidad ante el Ministerio Fiscal?

Es increíble que denuncias públicas documentadas no inmuten a nadie en el Gobierno. La reciente denuncia que realicé por los sucesos de la Categ, que involucran a la arquitecta Mercedes Diminich (Diario EL UNIVERSO, 29 de enero del 2008), constituye un ejemplo de ello.

¿Será que el Gobierno de manos limpias y corazones ardientes no fue más que un cliché publicitario?