El gobierno español "no contempla" recurrir a un  procedimiento de regularización extraordinaria para resolver la situación de  los inmigrantes irregulares, afirmó este jueves la secretaria de Estado de  Inmigración del nuevo gobierno español, la socialista Consuelo Rumí. 
 
La regularización extraordinaria "debe ser siempre el último recurso de  cualquier política de inmigración, cuyos objetivos han de ser luchar lo más  eficazmente contra la inmigración irregular", sostuvo Rumí en una entrevista  publicada el jueves por el diario español El País. 
 
La lucha contra la inmigración ilegal "es nuestro primer objetivo, junto al  de promover la integración social", dijo la funcionaria que enfatizó que "en  absoluto (nuestro objetivo) es recurrir a procedimientos extraordinarios". 
 
"La inmigración irregular no es camino para venir a nuestro país", dijo  antes de asegurar que "habrá vías reales, flexibles y ágiles" para que los  inmigrantes puedan venir a España. 
 
Diversas entidades de inmigrantes y fuentes del gobierno estiman que la  inmgración irregular en España supera el millón de personas. 
 
La secretaria de Estado señaló que la prioridad actual del gobierno es la  elaboración del reglamento de aplicación de la ley de Extranjería vigente desde  diciembre de 2003. 
 
La tercera reforma de esa ley fue impulsada el año pasado por el entonces  gobernante Partido Popular (PP, derecha) que en el Parlamento contó con el  respaldo de los diputados del poder Partido Socialista Obrero Español (PSOE),  ahora en el poder. 
 
No obstante, Rumí dio a entender que se introducirán modificaciones en el  referido reglamento de desarrollo de la ley para "dar respuesta de forma  individualizada a distintas situaciones que se presentan actualmente". 
 
"Tenemos la oportunidad de profundizar los instrumentos que ofrece la  actual legislación de extranjería, dotándolos de la necesaria flexiblidad y  realismo", afirmó la responsable de inmigración del gobierno liderado por José  Luis Rodríguez Zapatero, quien al día siguiente de su triunfo electoral del 14  de marzo afirmó que su gobierno impulsaría una inmigración "legal y ordenada". 
 
La funcionaria valoró "positivamente" el informe emitido la víspera por el  Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del gobierno en el cual  están representados sindicatos y empresarios. 
 
"Lo tendremos muy en cuenta en la elaboración del reglamento" de la ley de  Extranjería, anticipó. 
 
En el informe titulado "Sobre la inmigración y el mercado de trabajo en  España", el CES recomendó al gobierno que se simplifique el sistema de  contratación de trabajadores inmigrantes extranjeros y abogó por que se analice  de forma individual cada pedido de regularización, considerando "innecesario"  el proceso de regularizaciones extraordinarias. 
 
El miércoles una fuente del gobierno afirmó a la AFP que el Ejecutivo  impulsa un "gran pacto de Estado sobre inmigración" con el resto de las fuerzas  políticas para promover la contratación de trabajadores en origen y "estudiar"  la situación de los inmigrantes irregulares en España, pero descartó anticipar  un "resultado", pues "se trata de buscar una solución consensuada". 
 
Desde Aesco, entidad de inmigrantes colombianos, que en gran número  integran las filas de los ilegales, su presidenta, Yolanda Villavicencio,  advirtió sobre las esperanzas que han levantado los comentarios de los últimos  días.