El incremento de burocracia, con megaministerios y megaempresas coordinadoras, que controlaban a otras de determinados sectores y sobre todo las llamadas “áreas estratégicas”, no fue lo mejor para el país, que lo vio ocurrir frecuentemente desde la mitad de la primera década de los 2000 hasta hace pocos años. Y para muestra está EMCO, ente coordinador de otras empresas públicas que ha terminado ahora plenamente identificado con la corrupción y uno de cuyos últimos presidentes justamente está ahora mismo en Argentina a la espera de que finalmente se ordene su extradición hacia el Ecuador, pues ha tratado de refugiarse ahí desde su huida.
Caso Emco: comisión de fiscalización aún no define hoja de ruta de la investigación
La presunta red de corrupción en EMCO es el foco de una intensa investigación vinculada estrechamente al caso denominado Encuentro, en el que aparecen señalados algunos exfuncionarios de lo que fue el Gobierno de Guillermo Lasso, aunque es de anotar que la misma empresa fue utilizada también por los Gobiernos de Rafael Correa, que fue quien la creó, y de Lenín Moreno, quien continuó con su operación y justo ahora afronta otro proceso por supuesto cohecho en la adjudicación a Sinohydro de la construcción de la más importante central hidroeléctrica que ahora tiene el país, Coca Codo Sinclair. En el gobierno de Daniel Noboa, EMCO entró en un proceso de disolución que ya concluyó.
Creada en 2015, EMCO controlaba 12 empresas estatales con presupuestos millonarios. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha iniciado procesos para investigar la gestión de esta entidad, particularmente durante la administración de Hernán Luque Lecaro, quien espera la extradición en Argentina.
Publicidad
La Fiscalía sostiene que la red se dedicaba a la venta de cargos gerenciales y direccionamiento de contratos a cambio de porcentajes obligatorios pagados por proveedores. La acusación cobró fuerza tras la difusión de grabaciones en las que presuntamente se discute el reparto de montos irregulares que oscilaban entre los $ 150.000 y $ 1,8 millones anuales. Definitivamente, esa megaburocracia generó muchos delitos de cuello blanco. (O)
