Uno de los más buscados cae de un noveno piso en una de las zonas más valoradas actualmente en Guayaquil, frente al río. No estaba ahí de paso: era inquilino, lo acompañaban otras personas y había armas en el lugar cuando llegó la policía, que al pedirle que se rindiera recibió una negativa seguida de su intento de fuga fallido.
No es la primera vez que ocurre en sitios residenciales considerados de costos medio y alto, donde aparecen miembros del crimen organizado aparentando ser uno más de los vecinos y poniendo, por ende, en riesgo a quienes habitan o alquilan a sus costados, no solo por el control de la fuerza pública, sino también por la acción de otros miembros del crimen organizado con los que mantienen disputas territoriales y que envían a sus sicarios.
Esto va ya más allá de la anécdota. Es evidente que cabecillas de bandas han decidido empezar a mostrar el dinero que captan, buscan formas de vida más confortables o están convencidos de que, por cometer sus crímenes en los peores sitios, no los buscarán en otros totalmente distintos.
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Y es injusto estigmatizar estos lugares residenciales donde muchas familias, a costa de sacrificio y trabajo, han logrado ubicarse en sitios que les den mayor confort y, supuestamente, seguridad. Pero lo repetido de estos casos llama a la reflexión de que las administraciones y las guardianías privadas deben ampliar sus controles para evitar riesgos y filtraciones de quienes traen detrás de sí una estela de sangre y dolor.
Hoy la tecnología, entre sus infinitas bondades, trae también las facilidades como para que un inquilino pueda pagar, acceder y marcharse sin siquiera haber visto a su anfitrión o arrendatario. Y eso que es un avance tecnológico puede ser un arma con dos filos, como lo evidencian casos como el del hombre que cayó desde el noveno piso cuando la policía lo seguía. Es menester entonces que los arrendatarios hagan también conciencia del riesgo que se cierne en sus propiedades cuando esto ocurre. Y apliquen correcciones. (O)
