La nueva ministra del Ambiente, Inés Manzano, puso los puntos sobre las íes en el caso ITT. La Corte Constitucional ha obrado con manifiesto desconocimiento desde el inicio. No cabía convocar a una consulta popular con una pregunta extemporánea que se remontaba a una década atrás. Tampoco disponer con la más absoluta ignorancia que su cierre debía verificarse en un año, sin considerar sus implicaciones sociales, económicas y ambientales.
Ha puesto énfasis en el cumplimiento del requisito constitucional de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas que viven en las inmediaciones del campo petrolero antes de proceder al desmontaje. Destaca que por medio de 157 sentencias la Corte ha reformulado con cierta discreción las prescripciones de la propia Constitución, así como del Código Orgánico Ambiental, originando una inseguridad jurídica que –de paso– ha parado, en particular, a los sectores estratégicos. De este modo, el Gobierno fija por primera vez una posición categórica respecto al eventual cierre del ITT, un tema que lo venía dilatando, acaso, por cálculos político-electorales.
Lo hizo en coincidencia con la fatal noticia del fallecimiento de nueve indígenas, tres de ellos menores de edad, en un accidente en la vía Papallacta-Pifo, que integraban una delegación que se dirigía a Quito para protestar contra el apagado de pozos que los priva de su derecho a trabajar y a una vida digna con acceso a la prestación de servicios básicos. Curiosamente, cuando la Corte dio paso a la consulta popular de forma atropellada, haciéndola coincidir ex profeso con la “muerte cruzada”, jamás se ocupó de escucharlos. Y ahora –aunque su parecer no sea vinculante– tendrán que ser atendidos en el marco del procedimiento de licenciamiento ambiental que debe preceder a cualquier acción de desmontaje.
En un escenario donde la producción petrolera sigue cayendo, incluso por problemas de abastecimiento logístico por la sequía que afecta al río Napo, empeñarse en el cierre, sin considerar tantas consecuencias que perjudican el interés nacional, resulta un despropósito antipatriótico. Es comprensible que, para evitar eventuales destituciones de funcionarios públicos por incumplimiento del dictamen de la Corte respecto al plazo perentorio, se haya procedido a un cierre simbólico. Pero este grave problema creado por un grupo de ambientalistas extremos, desconectados con la realidad de un país afectado por la pobreza extrema, deberá ser resuelto de una forma sui géneris.
Hay voces que se vienen sumando respecto a la necesidad de una nueva consulta popular que se ciña a la población de territorio directamente afectado, tal como debió hacerse desde el inicio en cumplimiento a lo que prescribe la propia Constitución. Hacerlo en el ámbito nacional fue parte de la maña de la mayoría progre a sabiendas de que si se la restringía había el riesgo de que el no prevalezca sobre el sí, tal como efectivamente sucedió.
El firme pronunciamiento de la ministra Manzano ha sido un buen primer paso. El pretendido cierre del ITT requiere no solo sujetarse al procedimiento de consulta previa, sino también a un presupuesto de 2.500 millones de dólares del que carece el Estado. Menos aún para satisfacer el interés o la vanidad de tan pocos. (O)
