Ante la crisis fiscal urge el alza del precio de los combustibles. En Ecuavisa el presidente Daniel Noboa lo reconoció puntualizando que sería solo la gasolina y de manera gradual desde mediados de año. Lo que va a generar pocos ingresos.

Quizá el presidente sigue la estrategia del salchichón: pedacear las medidas en rodajitas para amortiguar la oposición. Pero esa primera rodajita del salchichón no es ni un abreboca para el gargantuesco apetito fiscal. Hay atrasos en pagos de 2023 por $ 3.600 millones y necesidades financieras por $10.000 millones para 2024, la mitad por déficit y mitad para pagar deuda.

La gasolina podría ir inmediatamente a precios internacionales, aprovechando que están bajos y el subsidio no es mayor. En Texas (EE. UU.), estado que produce petróleo, lo refina, lo grava muy poco y donde los combustibles se expenden a precios de mercado, la gasolina regular (87 octanos) se vendió a $ 2,75 la semana pasada. A $ 2,40, la extra y ecopaís están subsidiadas en solo ¢35 el galón, un valor de $ 435 millones por año. La artesanal que se vende a ¢ 66 en otros $ 88 millones.

Mucho mayor es el subsidio al diésel automotor, por $ 1.316 millones. Se vende a $ 1,61 en el terminal, cuando el diésel industrial se vende a $ 2,57, casi un dólar más por galón.

El Tribunal de la CAN falló que el Ecuador no puede aplicar una tarifa discriminatoria en el expendio de combustibles a los vehículos de placa andina. Por lo que un camión peruano que lleve carga a Colombia tanquea en Huaquillas y nuevamente en Tulcán y hace lo mismo de regreso: el transporte de carga entre Colombia y Perú lo subsidia Ecuador en $ 1/galón.

(...) nos deben reformas legales y hasta constitu-cionales que pongan freno al gasto público...

El Tribunal tiene razón: no se puede discriminar, y la sentencia saca a luz las distorsiones que produce el subsidio al diésel automotor. Otras son el consumo excesivo y el contrabando: hay comunidades de pescadores artesanales que ya no pescan porque mejor negocio es vender su cupo de diésel a las naves de paso incluyendo a las que contrabandean droga a Centroamérica.

Tratar de “focalizar”, vendiendo el mismo producto pero a precios distintos, suena bonito en papel y hasta factible en modelos, pero no en la práctica. La eliminación del subsidio al diésel de las camaroneras resultó en un fuerte incremento de las ventas de diésel automotor. Evidente desvío. Mejor eliminar el subsidio a los combustibles y que la compensación a los grupos vulnerables se dé por otros mecanismos.

Elevar el diésel automotor a precios de mercado causaría problemas a usuarios y empresas de transporte. El Estado podría establecer un subsidio al transporte popular de personas para que no encarezcan los pasajes. En cuanto a la carga, se darían negociaciones difíciles entre transportistas y empresas, pero terminarían poniéndose de acuerdo y el mayor costo se pasaría al consumidor. Esto es mejor que impuestos.

El subsidio al gas cuesta $ 400 millones anuales. Podría vendérselo a precio de mercado y entregar un vale por una bombona mensual gas, gratis, a quienes reciben el bono de desarrollo humano.

La urgencia fiscal requiere eliminar los subsidios cuanto antes. Pero nuestros políticos nos deben reformas legales y hasta constitucionales –la consulta es una oportunidad– que pongan freno al gasto público y moderen el frenesí ecologista que detiene la inversión. (O)