Daniel Noboa alcanzó un inesperado y holgado triunfo en la segunda vuelta. Una de dos. O bien el electorado se espantó del anuncio de Luisa que para controlar a la población pondría a su fuerza de choque en el presupuesto del Estado y a un soplón en cada barrio, y que la dolarización iba a dejar de hablar inglés y ser “a la ecuatoriana”, o funcionó la restricción a fotografiar la papeleta. Total en la segunda vuelta Daniel captó diez veces más electores nuevos que Luisa.
Pero hay otra cara de la medalla: el triunfo dio lugar a un optimismo avasallador, que ahora con cuatro años por delante y una RC desmoralizada sin el poder de obstruir al gobierno, Noboa va a poder iniciar una etapa de prosperidad. Pero la cosa no es nada fácil.
Los generosos subsidios que repartió el gobierno en meses electorales fueron temporales y no hay plata para extenderlos. Los aranceles de Trump colapsan al precio del petróleo, a la vez que, merced de la Corte Constitucional, la poca inversión petrolera que pueda hacer el gobierno no se destina a ampliar la producción sino a reducirla cerrando el ITT.
Las multilaterales apoyan para sostener el equilibrio fiscal, pero el mercado financiero sigue renuente a prestarle al gobierno. A este a duras penas le alcanza para el gasto corriente y servir la deuda pública; incurre en atrasos a proveedores y no le queda para invertir. Toca atraer inversión privada. Pero la Constitución de Montecristi y la mayoría de la Corte Constitucional son hostiles a la actividad empresarial, y las autorizaciones para invertir no salen. Es inaudito que en una economía de mercado se obstruya la inversión.
Ante esta situación las autoridades anuncian una asamblea constituyente. Cierto es, lo ideal es cambiar la Constitución, hecha a la medida de los gobiernos de corte fascistoide del socialismo del siglo XXI. Una Constitución debe permitir el funcionamiento de gobiernos de distinta ideología, con tal de que sean democráticos (si no lo son, la Constitución es letra muerta).
Pero es un grave peligro convocar a una constituyente. Es un prolongado proceso electoral. Si la oposición logra mayoría, la estabilidad del régimen patinaría. Y aun si el gobierno tiene mayoría y logra una Constitución más amigable a la inversión, el proceso tomaría dos años. Es lo que tomó en Chile, y eso que fue una asamblea de poderes limitados, “constitucional” y no “constituyente”. En dos años ya estaríamos en la segunda mitad del gobierno, y con dos años más de lento crecimiento. En 2024 la economía se contrajo
2 %, para 2025 la previsión oficial (optimista) es de 2,8 %, para un acumulado de 0,8 % en dos años. El país no aguanta vivir para pagar deuda. Que las autoridades mediten bien lo de la asamblea.
Mejor sería que el presidente exponga con pasión su visión de lo que quiere para Ecuador (se ignora). Explique el nuevo modelo económico, las grandes transformaciones que hay que hacer, los sacrificios temporales en que hay que incurrir, las conquistas en empleo y bienestar que nos esperan. Algo que motive a los asambleístas a apoyar los proyectos de ley, a los organismos multilaterales a incrementar su financiamiento, a ciudadanos y empresas a trabajar más duro e invertir, a la burocracia a deponer su actitud de manos muertas.
En fin, que remezca el tablero. (O)