La presentación del plan de inversiones del sector hidrocarburífero 2025-2030 deja en claro que la industria para su desarrollo debe dar un giro de visión y objetivos estratégicos. Ante el cambio proyectado, Petroecuador, gigante burocrático con graves problemas de inoperancia y corrupción, debe dejar a un lado su rol protagónico dando paso a la inversión y tecnología de corporaciones de ámbito global.

El modelo sujeto a revisión se consolidó mediante el cambio contractual entre el Estado y las empresas concesionarias en 2009, de contratos de participación a aquellos de prestación de servicios específicos con financiamiento, que determinó que muchas empresas de estatus mundial como Occidental, Petrobras y Perenco se retiren del país apelando a arbitrajes internacionales que han venido ganando y que obligan a compensaciones multimillonarias. Cuando esto sucedió, la producción petrolera estaba distribuida así: 80 % las concesionarias y 20 % Petroecuador. Actualmente la relación es inversa, con la particularidad de que desde 2014 se registra una baja a 475.000 barriles por día, un piso que continúa cayendo.

Afecta que Petroecuador tenga apenas tres taladros trabajando en una veintena de bloques. Y debido a la discontinuidad de su administración, hay seis contratos pendientes con operadoras privadas, en compás de espera por la falta de gerentes de activos (bloques) o de las respectivas comisiones negociadoras. En este Gobierno ha tenido cuatro gerentes generales subrogantes, ninguno titular, con el inconveniente de que el relevo de la autoridad supone lo propio a nivel de gerentes de área y eventualmente otras direcciones, comprometiendo la marcha de estos procesos.

La solución para profesionalizar la administración de Petroecuador es convertirla en sociedad anónima, tal como ha sucedido con otras empresas estatales, como Ecopetrol, Petroperú y Petrobras. El Estado retiene la propiedad mayoritaria, pero al cotizar en bolsa tiene que sujetarse a un procedimiento de designación por mérito y oposición, despolitizando el nombramiento de sus ejecutivos que es la diana del círculo vicioso. Para dar este paso es necesario poner en orden las cuentas de Petroecuador, que factura 11 billones de dólares al año, sin tener su contabilidad en regla desde 2021. Hay ofrecimiento del BID de financiar la auditoría contratando una firma de reconocido prestigio internacional, pero no ha habido forma de concretar.

Uno de los principales desafíos de la industria es incrementar el promedio de recuperación de reservas de apenas 18 hasta 40 %. Pero este objetivo es imposible de cumplir por parte de la empresa estatal debido a la falta de capitales y tecnología. Es la razón por la cual el Gobierno está considerando la concesión del campo Sacha a un consorcio encabezado por una filial de Sinopec. Una política que fracasó en el régimen correísta al asociarse infructuosamente con PDVSA de Venezuela, quedando desde entonces como un pendiente. Constó como parte de los planes de inversión en las administraciones de los presidentes Moreno y Lasso. Y en la actual se le da continuidad. Puede ser la señal de un fresh start, un nuevo comienzo, caracterizado por una mayor ejecutividad y decisiones políticas. (O)