El camarón superó al petróleo como principal producto de exportación en 2025, terminando una hegemonía de medio siglo. Mientras el primero responde a la dinámica de un sector privado global, el segundo es un lento paquidermo que no se da cuenta de que el cambiante escenario internacional arrollará.
Venezuela, de la mano de EE. UU., vuelve a pisar fuerte como uno de los grandes protagonistas energéticos de la región y el mundo. Tanto así que su incremento de producción de crudo pesado determinó un castigo de la cotización de su semejante ecuatoriano de $ 17 por barril, con respecto al indicador WTI, el mayor de la historia. Y plantea un serio desafío en cuanto al desvío de capitales, tecnología y recursos humanos con dirección a un mercado que se vuelve más atractivo que el nuestro.
El entorno obliga a meditar sobre el estancamiento de la política petrolera. Por más de una década se encuentra en modo de evitar la caída de la producción, sin impulsar las acciones necesarias para reactivarla e incrementarla. En el centro del dilema se haya EP Petroecuador que afronta problemas en todos los eslabones de la cadena, agravados por la obsolescencia de su infraestructura básica. Los nudos críticos: producción a la baja, exploración mínima, transporte en riesgo, refinación en declive, comercialización externa e interna deficiente.
Se considera que la promoción de empresas de economía mixta podría ser la solución para explotar el campo Sacha, los bloques 16 y 67 (antes Repsol), y el campo Amistad; pero no es un modelo viable. Para empezar, EP Petroecuador no tiene su contabilidad al día porque, entre muchos factores, al vender crudo y derivados el ingreso correspondiente va al Ministerio de Economía y Finanzas que luego devuelve el monto que considera necesario para su operación, siendo insuficiente. Como socio mayoritario del consorcio (51 %) tendría que asumir riesgos de inversión, sin disponer de los medios para hacerlo; además, quedaría sujeto al control de la Contraloría General del Estado, algo inaceptable para la contraparte privada.
Al tiempo, se baraja la opción de un nuevo modelo de contrato de prestación de servicios específicos integrales con financiamiento, en versión 2.0, que incluya actividades como exploración, a la vez que recuperación secundaria y mejorada, no previstas en el actual (una imperfección sistémica). La oferta seria reconocer una tarifa variable, pero las reglas del juego no son claras. De modo que hay que pactar un esquema que sea atractivo y competitivo en términos de retorno a la inversión.
Lo más aconsejable sería que Petroecuador reduzca su tamaño como operador monopólico, permitiendo que la inversión privada vaya tomando la posta en todos los segmentos de la cadena. Debería de devolver los bloques que no explota eficientemente al Ministerio de Ambiente y Energía para que proceda a licitarlos internacionalmente bajo el formato de contrato de participación, más estimulante que el de prestación de servicios.
Cabe adoptar el mismo patrón de apertura dispuesto por la nueva Ley de Hidrocarburos de Venezuela, dejando atrás décadas de estatismo; apelando al viejo aforismo de camarón que se duerme... (O)
