Seguro puedo sonar a disco rayado, pero cada vez que hay elecciones generales regreso al tema de la organización territorial del país. Para la mayoría es conocido que el Ecuador se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales; y, que, por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población pueden constituirse regímenes especiales.
Sobre el tema de las regiones realmente poco se puede opinar o discutir, ya que se trató de un invento de unos “profesores” españoles que ayudaron a redactar el texto constitucional de Montecristi, creando una organización territorial totalmente ajena a nuestra historiografía jurídica y constitucional. Además que al crear organismos regionales adicionales a los parroquiales, provinciales y cantonales, el objetivo de acercar la periferia a Quito se volvió más utópico.
Y es que solo resta leer las competencias constitucionales que atribuyeron a las regiones para entender que no tienen utilidad en la práctica, salvo aumentar más burocracia regional a costa de los contribuyentes.
Pero no todo es malo en la organización territorial. El hecho de que se hayan creado competencias constitucionales exclusivas a favor de municipios, prefecturas y juntas parroquiales ha servido –no en su totalidad– para evitar que las hediondas pezuñas del centralismo hagan de las suyas en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Pero no solo se crearon las competencias exclusivas a favor de los GAD, sino también competencias concurrentes, adicionales y residuales que pueden irse asumiendo con el tiempo si es que el sacrosanto Consejo Nacional de Competencias le da la gana de hacerlo.
Y sobre esto quiero detenerme. Hay voces, muy respetuosas por cierto, que consideran que es casi un despropósito la norma constitucional con desarrollo en el Cootad que dota de ingresos permanentes (tributos) y no permanentes (petróleo y minería) a los GAD. Se sostiene que es un desperdicio de recursos, que son mal gastados, que abonan a la corrupción, que se los gastan en personal y no en obras, etc. A pesar de que parte de lo dicho puede ser cierto, debo entender que lo que se buscaría es que esos recursos se mantengan en el gobierno central para cubrir el déficit fiscal, pagar la deuda externa y la burocracia capitalina, algo sobre lo que no puedo estar de acuerdo.
Si algo de bueno tiene esta Constitución es haber dotado a los GAD de competencias exclusivas y por ende excluyente del poder central. Es más, lo que debería buscarse y no lo escucho a ninguno de los candidatos, es ver la forma de ir asignando más competencias a los gobiernos autónomos con sus respectivos recursos, e ir disminuyendo las competencias del gobierno central.
La práctica del nuevo municipalismo eficaz y eficiente que inauguraron Rodrigo Paz y Jamil Mahuad en Quito y León Febres-Codero y Jaime Nebot en Guayaquil, ha demostrado con vastos ejemplos posteriores, que municipios y prefecturas manejadas por gente honesta, capaz, solidaria y planificadora puede cambiar para bien la vida de muchos de sus vecinos.
A mí no me gusta el centralismo: ¿y a ustedes? (O)
