Luego de un penoso procedimiento administrativo ante el Consejo de la Judicatura, un juez de lo civil es destituido de su cargo. Había acumulado suficientes infracciones que bordeaban actos de corrupción. Sin embargo, el juez removido toma su auto y se va a Yaguachi. Allí en Yaguachi presenta una de esas famosas acciones de protección constitucional contra la resolución que lo destituyó de su cargo. En el juzgado de Yaguachi despachaba a la sazón una jueza. Esta jueza sin mucho trámite le da la razón a su colega destituido, ordena que sea restituido a su cargo y encima manda al Estado a compensarlo económicamente. El juez en cuestión regresa envalentonado, feliz y campante a su despacho en la ciudad de Guayaquil. Como era de esperarse, una vez en su cargo este juez vuelve a sus andanzas; ahora hasta ha cometido un prevaricato al resolver un juicio.
Pero volvamos a Yaguachi. La jueza de esa ciudad es luego trasladada como premio al cantón Samborondón donde protagoniza nuevamente burdas maniobras de corrupción y “horrores inexcusables”. Como resultado, la jueza es removida de su cargo y destituida por el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la jueza toma su auto y viaja hasta Yaguachi. Y allí presenta una acción constitucional en contra de la resolución que la había destituido por corrupta. Y, para variar, el juez de Yaguachi, su colega, falla a favor de ella y la restituye en su cargo. El juez de Yaguachi, a su vez, ganó notoriedad por haber revocado una sentencia firme de la Corte Nacional de Justicia condenando a un conocido político por robar fondos públicos. Es algo así como si un juez de una ciudad del estado de Nebraska un día resolviese anular una sentencia firme de la Corte Suprema de los Estados Unidos y ordenar la libertad de un sentenciado. Y hay más. Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado ecuatoriano por violar el Pacto de San José al haber un juez de instancia sentenciado a prisión a los editores de un diario y a un columnista por emitir una opinión –uno de los errores jurídicos más burdos y escandalosos que registra la historia–, el Consejo de la Judicatura inició un procedimiento para remover al mencionado juez de su cargo. Sin embargo, los magistrados encargados de conocer lo hecho por este juez, resolvieron ratificarlo en su cargo. Y así, ese juez anda por allí muy campante gracias a la decisión de sus colegas.
Y los ejemplos podrían multiplicarse al infinito. Cierto es que hay jueces honestos. Cierto es que algunos funcionarios del Consejo de la Judicatura hacen lo mejor posible. Pero cuando uno realiza una evaluación general de nuestro sistema judicial el cuadro es desolador. Las investigaciones que lidera la fiscal general, Dra. Diana Salazar, dan cuenta de una red de alcantarillas por donde transitan libremente las aguas fétidas de una sociedad que parece ya acostumbrada a flotar sobre ellas. Jueces que cobran por no ir a las audiencias, abogados que dizque se enferman para dilatar los procesos, magistrados que subastan sus fallos, corruptos que encubren a corruptos, asambleístas y líderes de partidos que manipulan a jueces para su beneficio económico.
¿Es tan difícil entender que la viabilidad del Ecuador como una nación depende en gran medida de su sistema judicial? (O)
