Una vez más el Estado ecuatoriano ha sido condenado a pagar una millonaria indemnización a un inversor extranjero debido a la corrupción de sus jueces, magistrados y abogados. Esta vez son 220 millones de dólares lo que los ecuatorianos deberán pagar. Ese pago su suma a aquellos que, ya sea por violación de contratos estatales o por mala administración de justicia o por abusos de derechos humanos, el Ecuador ha debido cancelar por orden de instancias internacionales. Todo ese dinero pudo haberse invertido en hospitales, escuelas o caminos. Pero no; gracias a la corrupción de nuestro sistema judicial (jueces, magistrados y abogados) o a la ausencia de seguridad jurídica o a la falta de políticas coherentes, el Estado ha tenido que compensar a quienes se han sentido afectados por esas conductas. En unos casos, los reclamantes han sido grandes compañías, y en otros, simples ciudadanos. Todos ellos un día decidieron iniciar el tortuoso camino de acudir a tribunales internacionales para reclamar allá la justicia que no encontraron en el Ecuador.
Un estimado de cuánto nos ha costado este festín superaría los dos mil millones de dólares. Solo en materia de conflictos con empresas extranjeras, hemos enfrentado más demandas que las que han enfrentado países como Perú, Chile o Colombia, pese a que el flujo de inversiones extranjeras en nuestro país es mínimo comparado con el de aquellos países. Y no solo nos demandan empresas privadas, sino que inclusive lo hacen empresas estatales.
Pero no se trata únicamente de dinero. En realidad, el costo para el Ecuador va mucho más allá. Cada uno de estos casos lo que hace es manchar nuestra reputación en el exterior. La mayoría de ellos le revelan al mundo el alto grado de corrupción judicial que tenemos, el escaso compromiso del Estado y de nuestros políticos por cumplir los contratos públicos, y el poco respeto del Ecuador por las garantías pactadas en tratados. No se tiene conciencia del enorme perjuicio que provocan estos reclamos. Estas decisiones son el espejo de nuestro fracaso institucional. Pero a los jueces, magistrados, abogados o políticos que aúpan y participan en estos abusos no les importa esto. Todos ellos son esclavos de su codicia e ignorancia.
La mayoría lo hace para enriquecerse a costa de los inversores obteniendo absurdas sentencias en contra de ellos, sentencias dictadas a solicitud de empresarios y abogados especializados en extorsionar y chantajear. Decisiones que son emitidas por jueces corruptos o débiles, hombrecillos de hojalata que se doblan fácilmente ante el poder político o el vil metálico. Otros reclamos son empujados por demagogos a quienes, con tal de ganar algo de popularidad, les vale que la ley y el derecho sean violados. Pero a ninguno le importa el país. (Después de todo, será luego el papá Estado, es decir, todos los ecuatorianos, el que pagará por esta orgía…). Cómo estará desprestigiado el Ecuador que la sentencia dictada contra Chevron por la Corte Nacional –nuestro máximo órgano judicial– no pudo ejecutarse ante las cortes de naciones como Argentina, Brasil o Canadá porque sus jueces encontraron que esa sentencia estaba teñida de corrupción.
Mucho se puede hacer para corregir esta tragedia. Pero en nuestro país al parecer a nadie le interesa esto. (O)
