No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Efectivamente observamos como cada día, entre Twitter, troles y reportajes, nos acercamos al día del resultado del juicio político, con el que sus originales aliados pretenden destituir al presidente Lasso con el apoyo inicial de 104 legisladores, entre propios y ajenos. Si logran su cometido, mancharán su vida política y su honor de por vida con la acusación de peculado.
El presidente no se arredró ante la amenaza. Invocó su inocencia ante la denuncia y atiende personalmente su defensa. Frontalmente advirtió con disolver la Asamblea Nacional, haciendo uso de su prerrogativa constitucional, que unida a la gestión concertadora del premier Henry Cucalón con algunas fuerzas políticas aparentemente ha generado algún resultado positivo.
Probablemente la actitud presidencial ha dado origen a deserciones partidistas y cambio de parecer de algunos legisladores, como se escucha de los rumores que corren en los corrillos de la Asamblea. Además, existe la posibilidad de llegar a ser CREO y sus aliados un factor en el resultado del juicio político y las negociaciones partidistas, respecto a las próximas elecciones legislativas, en las que sus votos podrían ser decisivos en la balanza del poder interno de la Asamblea.
El desarrollo del juicio político en la Comisión Legislativa resulta hasta ahora negativo para los acusadores. La limitación delictual de la Corte Constitucional los constriñe. Cada prueba o compareciente que declara desvanece el delito acusado, y las publicitadas sesiones con las que esperaban apoyo ciudadano han resultado un búmeran. Cada día que pasa se acentúa el descontento a su desacierto.
La posibilidad para los acusadores, que el juicio político concluya negativamente para ellos, ni siquiera la conciben. De producirse, su deterioro político sería significativo. No sería raro que para evitar su derrota abortaran el juicio de cualquier manera, quizás, invocando una nulidad. Sin los 92 votos necesarios el juicio fracasaría y Lasso continuaría como presidente. Mantendrían un poder tal vez disminuido. Si los obtienen, la muerte cruzada.
Ante el deslucido rumbo del juicio político y los efectos adversos de la reacción de la ciudadanía ante las movilizaciones anunciadas por los líderes de la Conaie-Pachakutik, por la muerte cruzada, estas les revertirían tan negativamente en las próximas elecciones, al punto que desistieron públicamente del globo de ensayo de sus amenazas, que aun, ante la eventualidad de su disolución constitucional, han expresado que se limitarían a impugnarla ante la Corte Constitucional. UNES aparentemente estaría sola con su advertencia.
No debe olvidar la Asamblea su cívica y constitucional obligación de colaborar con el Ejecutivo en la expedición urgente de normas legales para ampararnos de los efectos climáticos y los del terrorismo y delincuencia organizada que azotan al país.
Después de todo, si el complot senatorial contra Julio César, emperador romano, tuvo éxito en los idus de marzo, al presidente Lasso por el contrario le serían favorables estos “idus de mayo”. (O)
