Fue una operación relámpago en la que el Ejército de los Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela y a su esposa y se los llevó a ser juzgados por jueces de su país.
Si fue una operación militar o un acto de comercio, como se puede pensar porque sigue en el Gobierno en Caracas la misma cúpula chavista-madurista, con la venia del invasor, queda a la opinión individual de cada uno de nosotros, los espectadores del mundo entero. Mientras tanto, los organismos internacionales y los propios de los Estados Unidos debaten sobre las violaciones a las normas del derecho internacional que la operación militar implicó. Y no hace falta especular mucho, porque el Gobierno de los Estados Unidos no niega sus acciones,
y amenaza con repetirlas contra otros países y contra el Gobierno que ha sobrevivido en Venezuela si no actúa sometido a su voluntad.
En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hubo un voto abrumadoramente mayoritario de solidaridad con Venezuela y de condena a la operación militar en su contra.
En el momento de escribir estas líneas, no se ha reunido todavía la OEA, donde se prevé una opinión más dividida.
Donde tiene su mayor problema el Gobierno del señor Trump es en el Congreso de los Estados Unidos, y específicamente en el Senado, porque para sus acciones militares no ha pedido su aprobación previa, como lo requiere su constitución. Al pronunciamiento en este sentido, se diría unánime de los demócratas, hay, al parecer, varias opiniones similares de varios legisladores republicanos.
Y continuando con la división en Estados Unidos, se han pronunciado en contra de la invasión alcaldes como los de Nueva York y Chicago, y hay grandes manifestaciones públicas en contra de la invasión a Venezuela. Manifestaciones similares se están produciendo en muchas partes del globo.
Lo ocurrido con la intervención de Estados Unidos no debería sorprendernos mucho –aunque lo ha hecho– si consideramos la acumulación de la mayor flota naval en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela y el bloqueo, la captura de barcos de transporte de su petróleo. Abiertamente ha dicho el Gobierno de Estados Unidos que el petróleo de Venezuela le pertenece y que sus compañías lo explotarán. Se ha hecho evidente que el interés principal es el petróleo. Venezuela no es productor de droga; Colombia es la primera productora mundial; y, por desgracia, terrible desgracia, es Ecuador el principal exportador (un 70 %) mundial.
En América del Sur, es la primera intervención armada de Estados Unidos. En Centroamérica las últimas fueron en Panamá, en Granada. Antes, varias, como en Guatemala, República Dominicana. Hay que preservar a Sudamérica como zona de paz. No sabemos qué implicaciones mundiales tendrá lo ocurrido en Venezuela y cuánto puedan afectar a Ecuador. Es mejor guardar distancia.
Lo ocurrido va a dividir a nuestros países sudamericanos y latinoamericanos; eso, a largo plazo, no es conveniente. La división es ya evidente: Brasil, México, Chile, Colombia y Uruguay han hecho pública su disconformidad con la intervención armada en Venezuela. (O)
