El lector conoce la expresión que grafica la conducta de los confiados en ser intocables: “me (…) en la tapa del piano”.
Fue la conducta dominante del “narcopoder” sobre la Función Judicial, porque tenía patrocinio político, hasta la audacia de armar un concurso para la designación de siete jueces de la Corte Nacional, y así tener jueces a la carta, concurso que debe anularse como lo demanda Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional.
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Las declaraciones y actuaciones del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, evidenciaban su alineamiento con el expresidente Rafael Correa, que era correspondido con la protección que este le daba.
Ya se había avanzado en el manejo ilícito en la Función Judicial. El espacio que aún no manejaba el “narcopoder” ni el correato era la Fiscalía General del Estado, por eso atropellaron los procedimientos en la Asamblea Nacional, con el objeto de que se someta a juicio político a la fiscal general, Diana Salazar.
Con firmeza admirable, la doctora Salazar, entre la noche del miércoles 13 de diciembre y la madrugada del jueves 14 de diciembre, dirigió la operación Metástasis contra el entramado del “narcopoder” en espacios del poder público.
El expresidente Correa, seguramente por infiltrados en la Fiscalía, a las 11:31 a. m. del 13 de diciembre, dio aviso de las diligencias que se iban a realizar: “@MashiRafael. Tenemos esta información. Un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada, un allanamiento nacional grande contra gente que está molestando a la 10/20 (mención despectiva contra la fiscal Diana Salazar) Han designado 57 fiscales para el operativo. El operativo estaría dirigido a obstruir el proceso de concurso del Consejo de la Judicatura”.
Ya se había avanzado en el manejo ilícito en la Función Judicial. El espacio que aún no manejaba era la Fiscalía General.
Los avisados quizás creyeron que no se pasaría de los allanamientos, no se imaginaron que serían detenidos; en algunos casos, sí parecería que hubo quienes se escondieron y también que se alteraron evidencias.
Más allá de que el expresidente de la República haya actuado como “campanero” – el encargado dentro de una banda de asaltantes para dar aviso de que los pueden estar descubriendo– y que por esa conducta podría ser procesado penalmente, fue una conducta desleal con el país.
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Es evidente de que a pesar del acuerdo dentro de la Asamblea Nacional con el correato y el Partido Social Cristiano (PSC), el Gobierno coadyuvó con la Fiscalía para que el operativo realizado tenga éxito. El presidente Daniel Noboa, el último sábado, fue explícito: “No se olviden de esta semana que será una de las más determinantes de este Gobierno, pero también de los próximos diez años (…). Hemos atacado a la delincuencia, les hemos dado guerra a los grupos del crimen organizado, así como a la corrupción, que está enquistada en la Función Judicial”.
Sobre la supuesta relación correato–“narcopoder”, la exministra María Paula Romo señala: “Literalmente, usan sus mismos abogados que firman sus escritos, los mismos que los representaron en Sobornos, en Singue, los que pusieron los habeas corpus truchos para sacarlos de la cárcel como a Glas, los mismos que han defendido a los narcos”. (O)
