Luego de la sentencia de la Corte Suprema de los EE. UU. declarando ilegales los aranceles que impuso Trump el año pasado, los afectados por esos tributos han comenzado a demandar el reembolso de lo pagado ilegalmente. El monto para devolver supera los 160.000 millones de dólares; las autoridades aduaneras han ya fijado el procedimiento a seguir. La decisión de la Corte Suprema constituyó un duro golpe a Trump. Su posición llamó la atención a no pocos, pues la mayoría de sus magistrados ha mostrado una notable condescendencia hacia la Casa Blanca.
La reacción de Trump al conocer que los importadores habían comenzado a reclamar el reembolso de lo pagado fue furibunda. A través de su cuenta en redes sociales profirió agresivos ataques a los magistrados de la Corte Suprema por su decisión. Los insultó, una y otra vez. A la mayoría de ellos les dijo “traidores”, “desleales”, “lacayos de intereses extranjeros”. Sobre la jueza Ketanji Brown, dijo tener un “bajo coeficiente intelectual” y así por el estilo. Este ataque constituye una grave violación de la independencia judicial. Son agresiones que vienen nada menos que de la cabeza de la rama ejecutiva. Varios sectores reprocharon esta conducta de Trump. Algo que jamás había sucedido en el pasado y que es impensable en la mayoría de las naciones democráticas. Estas diatribas contra la Corte Suprema no son sino la expresión más reciente de una política de acoso a la independencia de los jueces, jueces que en su mayoría han resistido con digna entereza. En el Ecuador las cosas se hacen de forma diferente y más efectiva. Acá los funcionarios del Consejo de la Judicatura simplemente llaman a los jueces por teléfono para intimidarlos, darles órdenes e instrucciones sobre cómo deben dictar sus decisiones. Se los amenaza con desempolvar algún expediente disciplinario o se los compra archivando dichos expedientes. El caso llamado Metástasis sacó a relucir una gama de “técnicas” para inducir a los jueces a cumplir órdenes externas. Desde dinero y entrega de pendrives con las sentencias ya escritas hasta ascensos, prostitutas y viajes, cargos a familiares y amantes. En la mencionada investigación salieron a relucir prácticas como la de obligar a los jueces a pagar sumas de dinero para evitar ser trasladados a sitios remotos. Una suerte de diezmo judicial.
De esta forma, los jueces no son baluarte del derecho o bastiones de libertades públicas, sino simples marionetas y herramientas de persecución, impunidad o enriquecimiento. En índices internacionales nuestro sistema judicial es considerado como altamente corrupto e ineficiente. Un serio obstáculo para la inversión extranjera, la democracia y el Estado de derecho, en general. Poco o nada se ha hecho para remediar este cuadro, salvo parches cosméticos. Al contrario, un reciente presidente del Consejo de la Judicatura tuvo que renunciar por la presión de la opinión pública al descubrirse que era abogado de narcotraficantes. Otro guarda prisión por ser líder de una estructura delictiva.
Reformar todo esto no es imposible. Pero falta voluntad de renunciamiento a usar a la justicia como fuente de poder. Lo que atraviesa hoy el sistema judicial de EE. UU. con Trump es coyuntural. Lo nuestro, estructural. (O)
