La Amazonía ha sido tierra de nadie por décadas. ¿De nadie? No, de las multinacionales petroleras y madereras que la depredaron y dejaron escasos réditos a su población, la más pobre del país a pesar de albergar tantas riquezas naturales. De ahí que en 1989 la comunidad quichua de Sarayacu planteó que se quede en tierra el petróleo.

Decisión y controles para consulta popular

En el 2007 el presidente Correa, con el beneplácito nacional e internacional pidió al mundo una compensación económica para no explotar el petróleo en el Yasuní, una de las mayores zonas biodiversas del planeta. En seis años hubo una escasa respuesta, no asumieron las grandes potencias su responsabilidad. Pero la principal recaía en el Estado ecuatoriano. No lo entendió así el gobierno y, olvidando sus loables propósitos, decidió explotar el crudo en el área ITT del Yasuní. Al efecto, el mandatario pidió a la Asamblea Nacional que declare de interés del Ecuador tal actividad, lo que acató el Legislativo, declinando su facultad de llamar a consulta popular para resolver tan importante asunto. Se estableció que, si se avistaran pueblos de aislamiento voluntario, se suspenderían las operaciones hasta que se dicten códigos que precautelen sus derechos, mas, la Constitución prohíbe las acciones extractivas en sus territorios y, los mapas, que en abril del 2013 señalaban dicha presencia indígena, en agosto ya no la registraban. De un plumazo se desapareció a las tribus taromenane y tagaeri, la fiebre petrolera se está encargando de hacerlo físicamente, como se ha denunciado que ocurrió con otros pueblos indígenas.

Panorama económico en Ecuador se ensombrece a puertas del extendido periodo electoral, consulta del Yasuní y fenómeno de El Niño

Al día siguiente de la decisión gubernamental, un grupo de jóvenes y mayores que sueñan con un país distinto, el que les prometieron, formó la agrupación Yasunidos. En octubre del 2013 el 92 % de los/as ecuatorianos/as quería que se deje el crudo del ITT bajo tierra. Y empezó la campaña presidencial de envilecimiento, ora amenazando con retirar el cupo a los estudiantes que salieran a protestar contra su determinación, ora atacando a los yasunidos en las sabatinas durante tres meses, ora con spots televisivos minimizando el impacto ambiental que antes se anunció querer evitar.

El agravio mayor vendría con el trámite de la solicitud de consulta popular que el grupo presentó en el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. Esta decidió que presente las firmas de respaldo que prevé la Constitución, sin dar el dictamen previo que correspondía. No se les permitió recoger las firmas en los espacios públicos. Presentaron 750.000 firmas y sin que tengan opción de reclamo los firmantes, se les anuló más de 400.000 por el tamaño y tipo del papel, el color de la tinta del bolígrafo, por verificadores que actuaron discrecionalmente, algunos policías. La consigna era rechazar el mayor número de firmas. Así pues, el CNE negó la consulta. En 2018 se estableció el fraude y después de nuevos tropiezos institucionales se habilitaron las firmas y se calificó favorablemente la consulta, por la que votaremos el 20 de agosto. Por los firmantes burlados, el pueblo no consultado y la vida, es un acto de justicia votar por el sí. (O)