El futuro aeroportuario de Guayaquil se ha convertido en un tema de discusión en los últimos días. El debate sobre su construcción debe ser abordado con una visión técnica y de largo plazo, alejada de disputas políticas coyunturales.
Guayaquil tiene un aeropuerto moderno, eficiente y bien gestionado, resultado de un proceso de concesión que ha sido ampliamente reconocido por su transparencia y por los beneficios que ha generado para la ciudad. Este modelo, implementado en la administración de Jaime Nebot, permitió no solo mejorar sustancialmente la conectividad aérea, sino también posicionar a Guayaquil como un referente regional en gestión aeroportuaria. Fue una etapa caracterizada por disciplina fiscal, planificación urbana y ejecución eficiente de proyectos que transformaron de manera visible la ciudad.
Sin embargo, como toda infraestructura, el aeropuerto actual tiene límites físicos y operativos. Por ello, el contrato original contempló que al alcanzarse determinados niveles de tráfico y demanda se debía avanzar hacia la construcción de una nueva terminal aérea en la zona de Daular. Esta previsión no fue casual, sino parte de una planificación responsable que entendía el crecimiento futuro de la ciudad y la necesidad de anticiparse a él.
El crecimiento del tráfico aéreo, el desarrollo económico de la región y la importancia estratégica de Guayaquil como principal puerto y centro logístico del país hacen inevitable este proyecto, más allá de cuándo sea necesaria su construcción.
Un nuevo aeropuerto no es solo una obra de infraestructura, es una plataforma para la inversión, el turismo, el comercio exterior y el empleo.
La controversia actual entre Gobierno y Municipio, sin embargo, introduce un elemento de incertidumbre que debe ser manejado con prudencia. Más allá de la ubicación final (Daular o Taura), lo fundamental es que la decisión se tome sobre la base de estudios técnicos rigurosos, análisis de demanda real y criterios de eficiencia económica. Forzar decisiones por razones políticas podría traducirse en costos innecesarios o en proyectos sobredimensionados que no respondan a las necesidades.
Asimismo, es indispensable que cualquier proceso de contratación se realice mediante una licitación internacional transparente, que garantice competencia, calidad y las mejores condiciones para el interés público. La experiencia previa demuestra que, cuando se hacen las cosas bien, los resultados benefician a la ciudadanía.
Guayaquil no puede darse el lujo de retroceder en estándares de gestión. El nuevo aeropuerto debe ser la continuidad de una tradición de buenas prácticas, no una excepción. Su construcción, en el momento adecuado y bajo el modelo correcto, puede convertirse en un nuevo motor de desarrollo para la ciudad y el país.
En ese sentido, el llamado es claro: que las autoridades actuales y futuras prioricen el interés general, el uso eficiente de los recursos públicos y la toma de decisiones informadas. El aeropuerto que Guayaquil necesita no debe ser producto de la improvisación ni del conflicto, sino de la planificación, la transparencia y la visión de futuro. Solo así se garantizará que esta obra contribuya realmente al progreso sostenido de la ciudad y del país. (O)
