La Doctrina Donroe y la Carta de Doral, oficializadas este 7 de marzo de 2026 por el presidente Trump y presidentes latinoamericanos de derecha, pretenden iniciar un nuevo modelo de integración regional basado en cooperación en seguridad física y tecnológica; control de flujos migratorios; relocalización de cadenas de suministro desde Asia hacia Latinoamérica y alivio financiero de las deudas soberanas de los países miembros.
Los compromisos asumidos el pasado sábado obligan cambios profundos que desafían las potestades del Estado-Nación en los países latinoamericanos participantes. Adoptar sistemas de supervigilancia masiva y establecer mecanismos de justicia que garanticen condenas efectivas contra los “objetivos de alto valor” (HVT) implica subordinar el poder judicial nacional a la eficacia de los mecanismos regionales. Este proceso impone intercambio de datos, alineamiento con protocolos internacionales, etc., que afectan ámbitos del poder judicial nacional, pero que Washington exige para desplegar el apoyo ofrecido.
La Carta de Doral aporta una “caja de herramientas” de intervención militar, política y económica sobre las cuales la cooperación bilateral deberá generar planes de intervención conjunta. Algunos países priorizarán el alivio de deuda y la relocalización industrial a través del financiamiento de la DFC, el banco de desarrollo estadounidense; otros, la activación de protocolos de fuerza letal conjunta contra el narcoterrorismo. En todo caso, solo una estrategia eficaz que combine éxitos de corto plazo en seguridad, libertades y desarrollo económico hará posible la gobernabilidad y el control político del cambio. La sociedad deberá percibir beneficios tangibles como la reducción de los asesinatos y los negocios criminales; la generación de inversiones y empleo; la mejora competitiva y todo lo que esta implica, sin fracturar la cohesión social.
En el caso de Ecuador, la reforma debe cubrir aspectos clave. La Operación Exterminio Total y la integración tecnológica de la red Palantir (plataforma de análisis masivo de datos para combatir el narcotráfico y el lavado de activos) son críticos para recuperar el control territorial antes de activar el financiamiento internacional de la DFC. Para que intervenciones letales (como el bombardeo en Sucumbíos) sean puntos de vuelco en la guerra contra el crimen organizado, deben acompañarse de combate efectivo al lavado de activos y al transporte de droga. Tocará normar y dotar infraestructura al intercambio de información con el Comando Sur y a los tribunales ad-hoc que juzgarán a los narcoterroristas, evitando la infiltración de las mafias en la justicia ordinaria.
Que esta base jurídica y tecnológica atraiga las inversiones esperadas a los sectores eléctrico, petrolero, camaronero, bananero, etc., esquivando las restricciones del Artículo 422 de la Constitución mediante contratos de inversión privados y arbitraje comercial en Santiago de Chile. Que la plataforma digital sea la base para posicionar diferenciadamente nuestras exportaciones por trazabilidad digital, asegurando así acceso a los mercados de alto valor. (O)
