La BBC publicaba en días pasados un interesante artículo respecto a la “crimigración”, término atribuido a la jurista Juliet Stumpf y que ha cobrado especial vigencia con las recientes decisiones del Gobierno estadounidense. Según la jurista, la “crimigración” es “la intercepción de la inmigración y el derecho penal, noción que trasciende bajo la teoría de que toda persona que cruza ilegalmente la frontera estadounidense es también un criminal”.
Según dicho artículo, la conexión entre las leyes migratorias y las penales se dio a partir del año 1986, y continuó en años posteriores influida drásticamente por la normativa legal relacionada con la guerra contra las drogas.
Juliet Stumpf menciona que si bien la detención y la deportación son medidas históricamente usadas como “remedios civiles”, en la actualidad se han convertido en “castigos comparables a sanciones penales”, es decir, los funcionarios de inmigración detienen a una persona que no ha sido penalmente castigada, condenada ni formalmente acusada, pero la categoría de inmigrante sin permiso lo convierte en sujeto de aplicación de la justicia penal.
En esa línea, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca confirmó que la persona se convierte por “definición en criminales al ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, afirmando que la nueva política migratoria de los Estados Unidos no hará distinciones entre migrantes ilegales que han cometido delitos y aquellos que solo han entrado ilegalmente a dicho país”.
Como es de conocimiento general, las múltiples detenciones y deportaciones de las semanas recientes han generado mucha incertidumbre entre los millones de latinoamericanos indocumentados cuya situación irregular los convierte en autores de un delito federal; gran parte de las medidas tomadas por el Gobierno estadounidense tiene relación con la creencia generalizada de que los inmigrantes han provocado en los últimos tiempos un fuerte aumento en la delincuencia, percepción que se acentuó con la infiltración reciente de grupos delictivos como el Tren de Aragua en varios estados. Por otro lado, es importante advertir que la deportación de migrantes irregulares provenientes del Ecuador se ha venido sosteniendo desde hace algunos años, con datos confirmados de que solo en los dos últimos años más de 32.000 ecuatorianos llegaron deportados en vuelos de los Estados Unidos. Es decir que, si bien se puede sostener que las políticas de Trump podrían acentuar aún más las deportaciones masivas de compatriotas, no hay duda de que esto es un hecho que se viene produciendo como una práctica usual y recurrente.
¿Podrá el temor a la asociación entre migración y crimen disuadir a miles de ecuatorianos que sigan pensando en la posibilidad de llegar a los Estados Unidos a cualquier modo y por cualquier medio? La realidad es que cada vez más, miles de ecuatorianos siguen soñando en emigrar y lo seguirán haciendo mientras condiciones elementales como la seguridad pública, el acceso a un trabajo digno y varias otras aspiraciones sociales no sean atendidas por el Estado. Drama intenso y doloroso que no tiene fin. (O)
