Puede llamarse compra, control, chantaje amenaza, lo cierto es que históricamente se han aplicado varias modalidades para obligar a que algunos electores voten por una opción que no es necesariamente la suya. En las primeras décadas del siglo XX, cuando en Ecuador comenzaba a ampliarse el electorado con la paulatina ampliación del derecho al voto, se utilizó el acarreo, apuntalado con la amenaza de la pérdida del puesto de trabajo o de la parcela entregada dentro de la hacienda y con la obediencia al marido. Seguramente, esa práctica ya se habrá utilizado en la primera elección en que pudieron participar los indígenas, aún bajo el sistema colonial, cuando rigió la efímera Constitución de Cádiz de 1812 (que, dicho sea de paso, tuvo corta vida y sus principios no fueron recogidos por las que expidieron en los siguientes ciento sesenta y cinco años).
El voto bajo coerción se generalizó a partir de la década de 1950, con el auge de esas máquinas clientelares que fueron el velasquismo y el cefepismo. Especialmente este último, que tuvo su arraigo en las áreas urbanas y rurales que se iban poblando de manera acelerada, descubrió la manera en que podía asegurar a su favor la votación de esos grupos humanos. La formación tutelada de redes para la toma de tierras y para su respectiva legalización no era suficiente para asegurar que esos electores le dieran su voto. Eran necesarias modalidades más concretas, visibles y sobre todo factibles de ser controladas en el acto mismo del depósito del voto. Una de estas, la más utilizada, fue la entrega de instrumentos sencillos de trabajo, como un par de botas que les protegieran del fango y de las alimañas. La forma de asegurarse era entregarle al elector una sola bota antes de la elección y completar el par cuando –con disimulo, pero con la suficiente perspectiva para que sea observado por el encargado de vigilar– exhiba su voto. Era no solamente un intercambio de votos por favores, como se califica al clientelismo, sino de un juego gramatical de votos por botas.
La abundancia de leyes destinadas a regular los procesos electorales y la vida de los partidos, que ha caracterizado al periodo más largo de vigencia del régimen democrático, no ha sido suficiente para eliminar esa modalidad. Por el contrario, se sofisticó, tomó carta de naturalización y permeó a los más diversos tipos de organizaciones. El control directo en la mesa se tecnificó con la masificación de los teléfonos celulares. El elector podrá argumentar que el selfi con el voto ya marcado estará destinado para su exhibición en una repisa, pero propios y ajenos saben que ese no es el objetivo central. La foto reemplaza larga y eficientemente a la bota y no deja lugar a dudas. Es la verificación del acatamiento a las disposiciones que vienen desde quién sabe dónde.
Ese “quién-sabe-dónde” es el quid del asunto. Si anteriormente se podía camuflar bajo el ropaje de la fidelidad a la organización social o política, ahora prácticamente ya no hay lugar para eso. Quienes hacen uso de ese recurso no son solamente esas etiquetas que se hacen llamar partidos o movimientos políticos, sino los más variados grupos, entre los que no faltan los de delincuencia organizada. La misma tecnología que permitió llegar al intercambio del voto por foto puede ser el instrumento para impedirlo. Solo es necesaria la voluntad. (O)
