Las revelaciones hechas en el caso “Ligados” causan conmoción a vísperas de las elecciones. Los chats de Augusto Verduga, ahora prófugo de la justicia, son un retrato de cuerpo entero de la RC5 que solo confirma nuevamente que este no es un genuino movimiento político inspirado por ideas y la intención de servir al bien común. Sin embargo, como es de esperarse, no faltan las voces que tratan de defender lo indefendible y buscan ignorar o minimizar lo que ha sido sacado a la luz por la Fiscalía.
Para entender la gravedad de lo ocurrido es necesario primero tener presente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como su nombre indica, es un órgano que por mandato constitucional debe estar compuesto por simples “ciudadanos” que no militen en ningún partido político. Esto es así porque este órgano tiene como propósito designar cargos administrativos con funciones técnicas, donde lo que debe primar es la capacidad del candidato en vez de su ideología o afinidad política. Sin embargo, como los chats dejan al desnudo, este mandato constitucional fue sistemáticamente violado por la RC5, la cual no tuvo empacho alguno en manipular este órgano para tratar de colocar a militantes suyos en cargos estratégicos. Por ejemplo, al proponer candidatos para roles en el Consejo de la Judicatura (el órgano encargado de velar por el buen funcionamiento de la Función Judicial), el Sr. Verduga no tuvo vergüenza alguna en promover a dos candidatos solo por ser “correístas a morir”. ¿Es este el criterio con el que queremos que sean designados nuestros funcionarios?
Eso nos lleva al segundo punto: ¿por qué un partido político quisiera apropiarse de cargos que en principio son puramente técnicos? A un partido político limpio, motivado por ideas y buenas intenciones, poco le importaría quienes ocupen estos cargos siempre y cuando sean personas capaces y respetuosas de la ley. El afán de colocar a militantes en estos puestos revela, de por sí, una clara intención de manipular el aparato estatal para servir fines propios. Solo pensemos: ¿a qué pudo deberse la obsesión de colocar “a dedo” a un superintendente de Bancos, el encargado de velar por la transparencia del sistema financiero del Ecuador? Uno no puede sino pensar mal. ¿Por qué se quería tener a dos “correístas a morir” en un órgano llamado a velar por la transparencia de nuestros jueces? Que los integrantes de esta asociación delincuencial sabían perfectamente que estaban obrando deshonestamente también queda evidenciado por sus conversaciones. En efecto, si estas personas creían que lo que hacían era legal o por lo menos moralmente justificable, ¿por qué usar seudónimos como “Ají con Mote”? ¿Por qué se habla de “votar (sic) todo por la ventana” para esconder cosas de la policía?
El país ya ha perdido la cuenta de escándalos que confirman y reconfirman que el partido de “las manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes” no tiene buenas intenciones, ni miramiento alguno por la Constitución o la ley. Que sus apologetas sigan buscando formas de cerrar los ojos es un verdadero caso de estudio. (O)
