La labor de Diana Salazar ha revelado la profundidad de la corrupción que aqueja nuestro sistema judicial. Los casos “Purga”, “Plaga”, “Metástasis” y “Pantalla” son un triste testimonio de cómo jueces, fiscales, funcionarios judiciales y figuras políticas de alto perfil han conspirado para corromper sistemáticamente la justicia ecuatoriana.
El 17 de octubre, el Consejo de la Judicatura destituyó a 25 servidores judiciales implicados en estas investigaciones, en su mayoría jueces y fiscales de las provincias de Guayas, Santo Domingo y Manabí.
Entre los destituidos figuran 17 jueces, varios fiscales y secretarios judiciales que habrían colaborado con la delincuencia organizada para influir en sentencias y decisiones judiciales a favor de narcotraficantes y políticos corruptos.
El caso “Metástasis”, en particular, implica a no menos de 30 personas, entre ellos Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y el exlegislador Ronny Aleaga, lo que revela una red de influencia operada por el narcotraficante Leandro Norero, quien alcanzó las más altas esferas del poder.
Dentro del caso “Purga”, la Fiscalía ha vinculado al menos a 25 acusados, incluyendo al exasambleísta del PSC Pablo Muentes y a la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo. El caso “Plaga” ha resultado en la detención de al menos 14 funcionarios judiciales en varias provincias como El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo, Tungurahua y Guayas.
Por su parte, en el caso “Pantalla” se está revelando cómo las mafias intentaron manipular el concurso para seleccionar a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el máximo órgano judicial de Ecuador. Según la Fiscalía en una audiencia de reformulación de cargos celebrada hace tres días existió por parte de las mafias una “confluencia de voluntades de asociarse para emprender el camino hacia el control total de la CNJ del Ecuador”.
Sin la valiente labor de Diana Salazar, todos estos crímenes habrían permanecido en la sombra y en la impunidad. La fiscal general del Estado es un auténtico bastión de la decencia e institucionalidad en nuestro país. Y aunque la lucha contra las mafias está lejos de terminar, la firme gestión de esta fiscal ha puesto en jaque a quienes antes se creían intocables.
Sin embargo, una nube negra se avecina. Mientras el país se enfoca en la crisis energética y las próximas elecciones, muchos olvidan que en pocos meses el periodo de Diana Salazar expirará.
En abril próximo Ecuador tendrá un nuevo fiscal general del Estado. La designación de esta persona será la próxima gran batalla que el país deberá librar contra las mafias, ya que es indudable que los largos tentáculos de la corrupción y el narcotráfico intentarán manipular este proceso. Si logran su objetivo, el control de las mafias sobre nuestras cortes y nuestra nación será completo, y Ecuador tendrá que decirle “adiós” a la justicia. Permanezcamos despiertos y vigilantes, pues esta batalla está por comenzar. (O)
