Hoy, miles de jóvenes en Ecuador están convencidos de que comprar una vivienda está fuera de su alcance. La respuesta no reside únicamente en el precio de los inmuebles ni en el nivel de ingresos. El verdadero obstáculo –menos visible, pero profundamente determinante– es nuestra alarmante carencia de educación financiera.
Nos encontramos ante una generación de profesionales brillantes, capaces de desenvolverse en mercados globales y adaptarse a economías cambiantes, pero que se paralizan frente a una simple tabla de amortización. Esa es la gran paradoja de nuestro tiempo: jóvenes altamente preparados para generar recursos, pero poco formados para construir patrimonio.
Esta desconexión no es casual. Durante décadas nos enseñaron a trabajar por el dinero, pero rara vez a comprender cómo el dinero puede trabajar para nosotros.
Publicidad
Aunque las recientes iniciativas estatales, como las tasas de interés preferenciales, parecen abrir una ventana de oportunidad, todavía existe un eslabón frágil en esta cadena: el ahorro para la entrada. Tras años de trayectoria en el sector inmobiliario, he sido testigo de una realidad incómoda: el ahorro sigue siendo el gran ausente. De poco sirven los incentivos del mercado si el ciudadano no ha construido el fondo necesario para superar la primera barrera. En muchos casos, el sueño de la casa propia se desvanece mucho antes de que el ciudadano llegue a una institución financiera.
El Estado debe cambiar su enfoque. No basta con inyectar más crédito al mercado si el ciudadano no cuenta con las herramientas para gestionarlo. Necesitamos que la educación financiera se convierta en una verdadera política pública, basada en tres pilares fundamentales:
Primero, integración escolar. Incluir el ahorro y gestión del dinero como eje transversal en las aulas. Necesitamos ciudadanos que comprendan el valor del capital antes de recibir su primer salario.
Publicidad
Segundo, transparencia bancaria obligatoria. Exigir que la información contractual sea presentada en un lenguaje claro, sencillo y despojado de tecnicismos. Comprender las condiciones financieras no puede ser un privilegio de expertos, debe ser un derecho ciudadano.
Tercero, digitalización y agilidad. Es urgente avanzar hacia procesos plenamente digitales. Si las instituciones ya cuentan con la interconexión de datos necesaria, la burocracia debe dar paso a un acceso más ágil y eficiente.
Publicidad
No necesitamos más subsidios, sino ciudadanos capaces de entender lo que firman. La verdadera política social no consiste únicamente en entregar recursos, sino en entregar conocimiento. (O)
Cristina Saraguro Gutiérrez, abogada, Loja


















