El asambleísta Juan Cristóbal Lloret, de la bancada de la Revolución Ciudadana, en la sesión del pleno del pasado martes, insistió en el planteamiento de juicio político al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, a quien le cuestiona haber priorizado los intereses económicos de los tenedores de los bonos 2020 pese al pedido de la Asamblea de que no se pague la deuda y que se destinen esos recursos a atender la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.
El Gobierno pagó en marzo el capital de $324 millones de los bonos 2020, que vencían ese mes, más el interés por $17,04 millones. El 8 de abril solicitó a los tenedores de bonos que vencen entre 2022 y 2030 (que suman unos $17 000 millones) una prórroga para pagar los intereses de estos en agosto, pedido que fue aceptado por la mayoría de acreedores.
A mediados de abril, Martínez compareció ante los asambleístas y ratificó que de no haber realizado el pago, el país podría haber tenido consecuencias graves, como el congelamiento de cuentas en el exterior, de transferencias relacionadas con exportaciones, litigios legales y bloqueo a nuevos créditos externos; mientras que priorizar ese pago le permitiría al fisco recibir más financiamiento.
El presidente Moreno, con la asesoría de un equipo de cuatro expertos en materia económica, está enfocado en cuidar la estabilidad macroeconómica y del sistema financiero, así como en la renegociación de la deuda, con el objetivo de que bajen los montos de las cuotas, alargar plazos y no pagar interés durante un tiempo. Ahora se percibe que fue sensata la actitud conciliadora adoptada por el ministro Martínez con los acreedores.
Los asambleístas deben exigirse responsabilidad política y reflexionar sobre qué mensaje envían al pretender llevar a juicio político al ministro por no haber acatado un pedido de no pago que pudo haber afectado las condiciones de renegociación de la deuda y, sobre todo, hubiese sido una actitud moralmente no deseable ni aceptable, por irrespetar acuerdos firmados.
