La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recientemente elaboró un plan de ayuda humanitaria para Ecuador, que costaría $46,3 millones.
En el objetivo 2 de la página 22 del documento que expone la propuesta, está escrito lo siguiente: “Sensibilizar y capacitar al personal de salud para que, en el marco de los derechos de las mujeres y adolescentes, se implemente el paquete inicial de servicios mínimos PIMS: alud materna y complicaciones materno neonatales, acceso a anticoncepción, incluida anticoncepción de emergencia, aborto seguro legal y la atención posterior al aborto, prevención de ITS VIH y manejo clínico de la violencia sexual”.
¿Aborto?, en medio de una emergencia sanitaria donde la prioridad es salvar vidas.
La ONU intenta aprovecharse de la crítica situación de nuestro país para legalizar esta práctica, aun cuando nuestra Constitución defiende la vida desde la concepción (art. 45), el Código Orgánico Integral Penal la sanciona, y la Asamblea Nacional la ratificó el pasado 17 de septiembre cuando no se la despenalizó. La Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo envió una carta a las Naciones Unidas explicando que no es posible establecer los “servicios de salud sexual y reproductiva” en el mismo nivel de importancia que la atención médica, alimentación y refugio.
¿Por qué el aborto es un componente esencial para responder a la pandemia de coronavirus? ¡No tiene sentido! Nuestro canciller José Valencia y nuestro presidente Lenín Moreno deben entender que la ayuda internacional no se puede ver condicionada a matar seres humanos en el vientre. ¿Quieren ayuda internacional? Pues no permitan injerencias ideológicas y atentado a la soberanía de nuestro país, que ya decidió defender la vida inocente. La ONU no debe utilizar esta crisis para avanzar en el acceso al aborto como un ‘servicio esencial’. (O)
Ivonne Dalila Mieles Mendoza, licenciada en Ciencias Políticas, Guayaquil